redECAP
22 de junio 2010
REFLEXION DE COLOMBIA: Nombrar
por Kate Paarlberg
Nombrar algo es darle forma y sustancia. El Idioma forma nuestro
pensamiento, y por lo tanto nuestros puntos de vista de la realidad.
Nombrar es escribir la historia y el futuro. En Colombia, el poder de
nombrar, como muchos otros poderes ha sido usurpado una vez más.
Agentes estatales, paraestatales, y actores de empresas multinacionales
utilizan el poder del lenguaje para insistir en una versión de la
realidad que favorece la extracción masiva y la exportación de recursos
naturales en Colombia tales como: oro, petróleo, metales preciosos, y cultivos
de exportación como el aceite de palma. Para construir y reforzar esa realidad
de explotación, estas fuerzas deben renombrar las verdades sobre la vida
diaria de los colombianos.
La forma más común de renombrar, es la aplicación
errada del concepto de subversión, el cual ha compartido el gobierno
Colombiano con los demás países durante el siglo XX en América Latina.
Los Sindicalistas, feministas, líderes religiosos, defensores de los derechos
humanos, y los organizadores de la comunidad son despojados de su identidad
como actores políticos legítimos y renombrados como «terroristas,» «indeseables,» y «enemigos del Estado.» Esto hace que se conviertan en objetivos
de los activistas militares lo cual implica amenazas de muerte, intimidación y
asesinato.
Colombia y EE.UU. firmaron recientemente un acuerdo en el cual se estipula
que las
fuerzas militares de los EE.UU. se unirían a los colombianos con siete
bases militares en zonas estratégicas del país. Estas bases representan una
mayor vigilancia y violencia para los habitantes de la región. La
presencia de actores armados ya es demasiado común, y será aún mayor con
este acuerdo, junto con los otros efectos secundarios típicos de la
militarización – el
aumento de la violencia sexual y la prostitución en la
zona, por ejemplo. De todos modos, el gobierno colombiano ha cambiado el
nombre de este acuerdo militar como un «beneficio económico»
para la comunidad – y los líderes comunitarios que se oponen a estos abusos
como «obstáculo al progreso», que se interponen en el camino de las
buenas intenciones de los benefactores militares.
El gobierno
colombiano del presidente Álvaro Uribe también afirma que las
fuerzas
paramilitares, responsables de masacres y ejecuciones extrajudiciales, ya no
existen. Ellos se han renombrado como «desmovilizados.» En la
realidad colombiana sin embargo, los sucesores de estos grupos son tan
paramilitares como sus predecesores, y muchos de ellos nunca se desmovilizaron.
Algunos simplemente pasaron a la clandestinidad, incluso disfrazados como
organizaciones de apoyo a las víctimas de la violencia paramilitar, y
usando la información que recogieron de estas víctimas para ejercer más
violencia sobre ellas. No importa como son llamados, lo cierto es que las
fuerzas del paramilitarismo permanecen, y siguen violando los derechos de los
colombianos, con los desplazamientos, amenazas o violencia física.
El gobierno de Uribe ha modificado el discurso nacional de tal manera que
el nombramiento de la violencia, como «seguridad democrática,» queda
como la única respuesta a los problemas del país. Los programas del gobierno
generan una cultura de miedo y desconfianza, los cuales pagan a civiles a
cambio de información acerca de las actividades de sus vecinos. Uribe usa este
miedo a la insurgencia para justificar la violencia estatal y paramilitar
contra los líderes sindicales, campesinos, mineros y otros civiles. El temor a
la guerrilla incluso se utiliza para difamar a los defensores de los
derechos humanos, alegando que su trabajo desacredita a los militares y habilita
las fuerzas guerrilleras. La injusticia, renombrada «seguridad», se
utiliza para esconder violaciones indiscriminadas del derecho
internacional humanitario.
En Colombia, a las multinacionales
extranjeras que invierten en operaciones en el país se les llaman
«Inversionistas». Esto viene de la palabra «inversión»
palabra del español para utilizar dinero o tiempo en aplicaciones productivas,
o también para «modificar las cosas». Con el fin de crear un
clima atractivo para los inversionistas, de manera constante las fuerzas de
estado invierten la realidad de Colombia en la vida diaria – los
activistas son «subversivos», las víctimas son
«combatientes», y los inocentes son «culpables,»
Paramilitares son «reformados «, la injusticia es «la seguridad
» y la opresión es «oportunidad.»
El gobierno de Uribe
modifica el nombre de la realidad colombiana, mientras se adecua la
Región del Magdalena Medio para poder construir una pista de aterrizaje
con el fin de que cada vez más empresas del Canadá y de los Estados
Unidos pongan el ojo en la riqueza de Colombia. Si este proyecto continúa sin
control, este cambio de nombre se traducirá en miles de millones de dólares de
ganancias y campesinas y campesinos de Colombia – luego rebautizados como
«pobres urbanos» no verá nada de eso. La tarea emprendida por
miles de colombianos es una tarea que nos debe unir. Debemos insistir, frente a
todas las fuerzas que se oponen a nosotros, sobre una realidad que nombre y
valore la esperanza, los derechos humanos, la justicia y la paz.
