Exigimos la suspensión inmediata de todos los planes para construir o poner en funcionamiento del Vastria ‘Closed Controlled Access Centre’ (Centro de Acceso Controlado Cerrado, CCAC, por sus siglas en inglés) de Vastria, en Lesbos. La construcción de estas instalaciones, en el marco de la Ley 5226/2025 y del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, constituye una amenaza directa para los derechos humanos fundamentales.
A pesar de las duras críticas, el Gobierno griego ha aprobado una nueva prórroga hasta marzo del 2026 para la finalización del Campamento de Vastria. Mediante una serie de modificaciones técnicas y enmiendas legales, el Ministerio de Migración y Asilo (MoMA) ha eludido las sentencias del Consejo de Estado y ha pasado por alto la normativa medioambiental. Según las últimas noticias, la ‘Decentralised Administration of the Northern Aegean’ (Administración Descentralizada del Egeo Septentrional) ha aprobado una modificación muy problemática de las condiciones medioambientales relativas a las obras relacionadas con el ‘CCAC’, autorizando la construcción de una planta fotovoltaica y una instalación de almacenamiento en baterías, así como la construcción de la vía de evacuación obligatoria, con el único fin de dar servicio al ‘CCAC’, a pesar de las serias preocupaciones que suscita su ubicación dentro de un espacio NATURA 2000.
La creación de Vastria debe analizarse en el contexto del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo y del Reglamento de Retorno propuesto. En virtud del ‘ Administración Descentralizada del Egeo Septentrional’ (Reglamento de control de seguridad del Pacto de Migración), las personas nacionales de terceros países quedarán de facto recluidas en centros como Vastria, lo que suscita serias preocupaciones en cuanto a la violación de sus derechos. La ‘European Return Order’ (Orden Europea de Retorno, ERO, por sus siglas en inglés) y los fundamentos jurídicos que regulan los “campamentos de retorno” fuera del territorio de la UE contribuirán a normalizar aún más el uso de la detención previa a la expulsión como instrumento de deportación forzosa. Se prevé que la privación de libertad se convierta en algo sistemático debido al uso generalizado de la detención como práctica habitual, en lugar de como medida excepcional.
Al mismo tiempo, la reciente legislación griega (Ley 5226/2025) amplía los motivos para la detención administrativa (es decir, la detención sin cargos penales), tipifica como delito la “permanencia ilegal” y tipifica como delito el incumplimiento de las órdenes de expulsión. La ley también amplía la duración máxima de la detención administrativa de 18 a 24 meses, basándose en criterios generales como “motivos de seguridad”. La aplicación de la Ley 5226/2025 ya ha comenzado, y hay personas que se enfrentan a procedimientos penales por “permanencia ilegal”.
El ‘CCAC’ de Vastria se ha diseñado expresamente para retener a las personas en tránsito durante largos periodos de tiempo, funcionando en parte como centro de internamiento previo a la expulsión, de conformidad con las prioridades del ‘EU Pact on Migration and Asylum’ (Pacto de la UE sobre Migración y Asilo). Cuando entre en funcionamiento el ‘CCAC’ de Vastria, se prevé que aumenten las detenciones arbitrarias de solicitantes de asilo, lo que resultará en un mayor número de personas sometidas a detención previa a la expulsión en condiciones que podrían volverse cada vez más coercitivas y precarias.
El funcionamiento de los ‘CCAC’ existentes ya ha demostrado que vulnera los derechos fundamentales de las personas detenidas, en lo que respecta al derecho a la libertad (Artículo 5) y a la prohibición de los tratos inhumanos (Artículo 3) del ‘European Convention on Human Rights’ (Convenio Europeo de Derechos Humanos, ECHR, por sus siglas en inglés). Las condiciones documentadas en otros centros griegos, como el ‘CCAC’ de Samos, ponen de manifiesto los riesgos de hacinamiento, entornos insalubres y atención médica insuficiente. Además, las instituciones jurídicas y las organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por los derechos de las familias y las personas menores detenidas, así como por el funcionamiento de los sistemas de vigilancia digital de Hyperion y Centaurus, que ponen en peligro el derecho a la intimidad de las personas detenidas o que trabajan en los centros.
El ‘CCAC’ de Vastria, concebido como modelo para los centros de acogida de nueva generación del Pacto de la UE, suscita aún más inquietudes en cuanto a su ubicación, ya que se encuentra en medio del bosque de pinos, extremadamente inflamable, de la Isla de Lesbos. Las personas expertas han alertado en repetidas ocasiones sobre este riesgo. En respuesta a ello, el Ministerio de Migración y Asilo ha adjudicado un contrato por valor de 585,680 euros para un sistema de detección de incendios que, sin embargo, tiene una función más reactiva que proactiva.
Otro aspecto que merece la pena destacar es la lejanía de Vastria, lo que aísla a las personas residentes de la asistencia jurídica, los servicios psicosociales y la interacción directa con la sociedad local. La dificultad para llegar al lugar, junto con las restricciones de acceso adicionales que se prevé que se impongan, también limitará considerablemente la supervisión ciudadana del funcionamiento del ‘CCAC’ de Vastria.
Rechazamos la creación de cualquier infraestructura de internamiento o centro de detención en el que se encarcele a las personas en función de su estatus legal. La creación de este tipo de centros institucionaliza la privación de libertad, normaliza las prácticas discriminatorias de segregación y las prácticas de detención ilegal, y socava los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento.
Nos negamos a aceptar la normalización de estos entornos “cerrados” que solo sirven para penalizar.
Exigimos:
- Garantizar que todas las políticas migratorias respeten plenamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en particular el Artículo 5 (derecho a la libertad) y el Artículo 3 (prohibición de los tratos inhumanos o degradantes)
- Suspender de inmediato todas las actividades de construcción del Campamento de Vastria y las obras relacionadas, a la espera de una revisión exhaustiva desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos.
- Garantizar que todas las infraestructuras financiadas por la UE cumplan con las obligaciones en materia de derechos fundamentales y estén sujetas a un monitoreo independiente.
- Poner fin a la práctica de la detención sistemática y automática de personas migrantes y de personas solicitantes de asilo.
- Despenalizar la “permanencia ilegal” y garantizar que los asuntos administrativos relacionados con la migración no se traten como delitos penales.
- Exigir rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos documentadas en los centros de acogida para personas solicitantes de asilo (CCAC) y los Centros de Detención Previa a la Expulsión.
Descarga el informe completo, Vastria como modelo para los centros de acogida de la UE, elaborado conjuntamente por ECAP – Solidaridad con Migrantes en la Región Egea, ‘Legal Centre Lesvos’ (Centro Legal de Lesbos) y ‘Collective Aid’.
Organizaciones firmantes:
Aegean Migrant Solidarity – Community Peacemakers Teams
Collective Aid
Legal Centre Lesvos
Arab Lawyers Association (UK)
Changemakers Lab
Cyprus Democratic Lawyers Association (CDLA)
de:border // migration justice collective
Democratic Lawyers Association of Bangladesh
Democratic Lawyers of Switzerland (DJS-JDS)
EmpowerVan
Equal Legal Aid
European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (ELDH)
Europe Cares e.V.
Fenix Humanitarian Legal Aid
Human Rights Legal Project (HRLP) Samos
I Have Rights (IHR) Samos
InterEuropean Human Aid Association
International Association of Democratic Lawyers (IADL)
Mazí Housing
Mobile Info Team
Yoga and Sport With Refugees
HIAS Greece
Samos Volunteers
Avocats Sans Frontières France (ASFF)
Greek Council for Refugees (GCR)
