En la legislación griega, el «contrabando» puede adoptar distintas formas y figurar en varios artículos legales. Los principales cargos a los que se enfrentan las personas que se desplazan son: “transporte ilegal desde el extranjero a Grecia de personas nacionales de terceros países que no tienen derecho a entrar en territorio griego” y “facilitación de la entrada ilegal”. Estos cargos suelen agravarse alegando que la persona acusada actuó con ánimo de lucro o como parte de una actividad habitual o conjunta.
Las autoridades griegas han endurecido cada vez más estas leyes para disuadir de cruzar desde Turquía a las islas griegas, y últimamente para las personas que cruzan desde Libia a las costas de la Isla de Creta. Desde principios del 2019, las personas guardacostas tienen instrucciones de identificar a una persona por cada embarcación interceptada y acusarla de ser su “persona conductora”. La ley no distingue entre las verdaderas personas contrabandistas y las personas que fueron coaccionadas para timonear el barco o simplemente lo hicieron por casualidad. Como resultado, cientos de personas – muchas de las cuales ni siquiera llevaban el timón – se encuentran en prisión preventiva, a la espera de juicio en los tribunales griegos meses después.
También pueden reconocerse algunos estereotipos basados en la raza. La mayoría de las personas acusadas son varones de entre 20 y 30 años. Si se encuentra a una persona ciudadana turca entre las personas pasajeras del barco, esa persona será identificada como la “persona contrabandista”.
Las penas son severas: un mínimo de 10 años por cada persona pasajera en casos de “simple transporte”, que aumentan a 20 años si hay ánimo de lucro o se ha puesto en peligro a las personas pasajeras, y cadena perpetua si el naufragio provoca víctimas mortales. Además, las personas condenadas se enfrentan a multas exorbitantes de 10,000 a 200,000 euros por persona pasajera. Estas penas combinadas dan lugar a condenas de prisión de décadas y a multas de cientos de miles de euros. La imposibilidad de pagar estas multas tras la puesta en libertad puede dar lugar a nuevas acusaciones y encarcelamientos, una “puerta giratoria” en un sistema carcelario que nunca pretendió proporcionar justicia y sanación a las víctimas, ni una oportunidad de transformación y rehabilitación para les “autores”, sino más bien criminalizar la pobreza y la migración.
Hemos sido testigos, una y otra vez, de cómo personas jóvenes que – huían de la guerra, la pobreza y la explotación – se sentaban esposadas en los tribunales durante algunos de los momentos más importantes de sus vidas, incapaces de entender los procedimientos debido a una mala traducción y a una representación legal inadecuada. A la mayoría se les asignan una persona de defensoría legal de oficio el día del juicio, con sólo 30 o 60 minutos de preparación. Los resultados de estos juicios están casi siempre predeterminados. En la actualidad, las condenas relacionadas con el contrabando representan la segunda categoría delictiva más importante entre las personas reclusas de las cárceles griegas, con más de 2,000 personas encarceladas.
El 11 de junio fuimos testigos de algo que podría resultar histórico. Bajo nuestra supervisión, el fiscal y el juez del Tribunal Unipersonal de Apelación de Samos aceptaron un argumento de la defensa: que los tratados internacionales y la legislación griega sobre migración contienen disposiciones que protegen a las personas solicitantes de asilo de ser procesadas en virtud de las leyes sobre contrabando. Hizo falta valentía e independencia judicial para desafiar la narrativa política dominante que pretende criminalizar la migración. Once personas jóvenes de Palestina, Sudán y Siria fueron absueltas. Por primera vez desde que llegaron a Europa, Ellos fueron liberados de la prisión, se les permitió presentar solicitudes de asilo y se les dio la oportunidad de un futuro mejor.
Este resultado no habría sido posible sin los incansables esfuerzos de las dos personas en defensoría legal que les representaron y de su equipo de apoyo. Su cuidadosa preparación obligó al tribunal a aceptar el argumento jurídico, sentando un importante precedente para futuros casos. Esta victoria significa mucho más que la libertad de once hombres; abre la puerta a futuras absoluciones en un sistema que con demasiada frecuencia atrapa a personas inocentes.
La sala del tribunal estalló en sonrisas, lágrimas y abrazos, tanto de los hombres absueltos como de nosotres, que nos habíamos sentado a su lado con el corazón palpitante. Sin embargo, incluso en este momento de alegría, sentimos el peso de la injusticia por las muchas otras personas cuyas condenas habíamos registrado ese mismo día, que se sumarán al enorme número de personas migrantes que llenan el sistema penitenciario griego.
Sin embargo, fue un fuerte recordatorio de la importancia del trabajo por los derechos humanos en un mundo en el que las injusticias, la guerra y la discriminación evolucionan. Puede que nuestro compromiso con la solidaridad, la equidad y la justicia no siempre cambie los resultados individuales, pero da forma al tipo de comunidades en las que vivimos y por las que luchamos.
