Una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo es que, a pesar de que somos uno de los pueblos más sanos y longevos de la historia, cada vez nos sentimos con más temor. El miedo constante a una amenaza externa da forma a una sociedad a la defensiva, lo que a su vez se manifiesta en forma de intolerancia hacia otras culturas, estructuras políticas y personas. Según este enfoque racializado, no siempre se presenta a las personas migrantes como racialmente inferiores – esto suele depender también de otros factores, como la situación económica – pero sus culturas y valores se suelen presentar como “ajenos” y como una amenaza para los valores fundamentales occidentales (o griegos).
La figura del “otro” oscila constantemente entre dos extremos: la víctima sin voz y el malhechor. En lugar de abordar la cuestión de las personas migrantes de forma inclusiva, acabamos recurriendo a analogías obsoletas del tipo “nosotres contra elles”. Al basarnos en estas analogías, no podemos ver al “otro” como un ser humano de pleno derecho, con derechos y obligaciones. Por el contrario, este marco normaliza la suposición de que las personas migrantes son un riesgo potencial para la seguridad.
El miedo, a su vez, alimenta la demanda de seguridad y orden. El discurso de “mantener a la gente fuera” se ha convertido en algo habitual cuando hablamos de las personas migrantes, tanto si ya están aquí como si se encuentran en nuestras fronteras. Todo se reduce a una premisa sencilla y peligrosa: “debemos protegernos de ellas”.
En los últimos años, esta lógica se ha traducido en el auge de la “crimigración” – un sistema en el que las fronteras entre el derecho migratorio y el derecho penal desaparecen por completo. Las políticas xenófobas no solo tachan a las personas de “ilegales”, sino que presentan deliberadamente la migración como un delito. Una vez que se califica a una persona de “ilegal”, sus derechos ya no se consideran universales, sino “beneficios condicionales” que pueden ser revocados. Este enfoque permite la normalización de los centros de detención – umbrales de exclusión – que funcionan como prisiones para personas que no han cometido otro delito que el de buscar seguridad. La “crimigración” garantiza que se considere a la persona migrante desde la perspectiva de la gestión de amenazas y la necesidad de nuevas políticas.
La última muestra de esta narrativa militarizada tuvo lugar el 3 de febrero del 2026 en Quíos. A última hora de la noche de ese martes, frente a la costa de Vrontados, una lancha patrullera de alta velocidad de la Guardia Costera Helénica (PLS 1077) colisionó con una embarcación que transportaba a unas 40 personas refugiadas. Las consecuencias fueron catastróficas. Catorce personas fallecieron en el acto. Una mujer murió más tarde en el hospital a causa de las graves lesiones sufridas, y dos mujeres embarazadas perdieron a sus hijes antes de nacer. Más de 24 personas resultaron heridas, entre ellas 11 niñes.
Las secuelas de esta tragedia han puesto de manifiesto una vez más la dinámica de la manipulación narrativa y la falta de rendición de cuentas. Las autoridades llevan años construyendo una frontera militarizada. Por lo tanto, presentan esas muertes no como un delito, sino como un intento de proteger nuestras fronteras, en el contexto de una guerra inventada. La respuesta del Estado ante el crimen de Quíos ejemplifica una estrategia bien calculada para eludir la responsabilidad, al igual que las operaciones de ‘ICE’ en Minnesota – donde, una vez más, se persigue al «otro» con el pretexto de la seguridad – pone de manifiesto la difuminación de la línea divisoria entre la gestión administrativa y la sanción penal, lo que constituye otro ejemplo de “crimmigración”. Este enfoque también dio lugar a diversas detenciones y a la trágica pérdida de vidas de personas ciudadanas estadounidenses a manos de agentes de ‘ICE’. Esto demuestra lo fácil que resulta ampliar el espectro de “enemistades” cuando es necesario.
Las autoridades griegas lanzaron una campaña de culpabilización con el fin de influir en la opinión pública. El ministro de migración, Thanos Plevris y otras personas en altos cargos, atribuyeron la tragedia en su totalidad a “traficantes asesinos”. Esta retórica oculta los hechos reales del suceso.
En primer lugar, la embarcación de la Guardia Costera Griega (PLS 1077) era considerablemente más grande, más rápida y tecnológicamente más avanzada que la embarcación de las personas migrantes. Sin embargo, la versión oficial afirmaba que la embarcación más pequeña “se dirigió hacia” y que incluso “intentó embestir” a la lancha patrullera.
En segundo lugar, vuelve a producirse un fallo sistémico en materia de transparencia: las autoridades afirmaron que las cámaras de a bordo y que los sistemas de imagen térmica no estaban grabando en el momento exacto de la colisión.
Al parecer, no se consideró necesario. Se trata de otro caso más de “ausencia técnica”, lo que impide cualquier evaluación independiente de las maniobras de la Guardia Costera y crea un vacío en el que la versión del Estado se convierte en la única “realidad” aceptable.
Por último, el Estado vuelve a intentar evaluar los riesgos y gestionar a las personas sobrevivientes: o bien son víctimas, o bien son delincuentes. Como ya se ha mencionado, a menudo se presenta a las personas refugiadas como “víctimas sin voz” de las bandas de traficantes; al mismo tiempo, el Estado se inclina por la criminalización al detener a las personas sobrevivientes – en este caso, una persona ciudadana marroquí – bajo sospecha de tráfico ilegal. Al tratar a las personas sobrevivientes como sospechosas en lugar de como testigos, el Estado consigue que el debate se centre en la “gestión de amenazas”.
Al calificar a las víctimas de los delitos cometidos por el Estado como “personas sobrevivientes del tráfico ilegal”, el Estado normaliza su uso de la fuerza. Paradójicamente, se culpa a las víctimas de su propia muerte por “elegir” una ruta tan peligrosa, a pesar de que no existen rutas seguras. El crimen ocurrido en Quíos no es un caso aislado. Fue el resultado de un régimen fronterizo basado en la disuasión. Hace unos días fuimos testigos de otro ejemplo más de esta política: una vez más se produjo un naufragio en el Egeo, esta vez en aguas turcas. Se recuperaron cuatro cadáveres y hay tres personas desaparecidas.
Del mismo modo, las operaciones de ‘ICE’ presentan a las víctimas como un riesgo para la seguridad operativa, convirtiendo los barrios en zonas de conflicto. Esto ha transformado las ciudades en una frontera interna donde los derechos son también beneficios condicionales. El miedo y el populismo son los pilares de una política fronteriza basada en la invisibilidad y la muerte. La decisión deliberada de anteponer el terror a la dignidad humana va de la mano de un intento más amplio de intimidación social, que implica la creación de “enemistades”, con el fin de maximizar el consenso político y social.
Estos enfoques institucionales deben someterse a un riguroso escrutinio. Han convertido el Egeo en un cementerio mientras proclaman la ley y el orden. Su decisión sistemática de anteponer la militarización y las políticas preventivas a la vida humana es una elección.
Poner fin a estas tragedias recurrentes no es algo complejo ni complicado. Esa sencillez pone de manifiesto que esas políticas son, en realidad, una cuestión de elección. Exigencias como el establecimiento de rutas migratorias seguras y legales, el refuerzo de operaciones de búsqueda y rescate eficaces, la transparencia total, la rendición de cuentas independiente de las autoridades fronterizas y el desmantelamiento de las políticas basadas en la disuasión que criminalizan la supervivencia no son nada nuevo, ni tampoco suponen ninguna novedad.
