En Colombia, la distribución y tenencia de la tierra ha sido un asunto que históricamente ha estado presente tanto en los distintos procesos de lucha social como en el conflicto armado. Las luchas de comunidades campesinas, indígenas y afros continúan haciendo frente al desplazamiento, la pobreza, las injusticias y violencias, a la que el sector rural ha estado sometido desde la época de la colonia. La importancia del tema de la tierra radica en que las soluciones a la violencia que ha vivido Colombia, pasan por resolver las desigualdades que existen en el acceso a ellas y las pocas posibilidades de desarrollo del sector rural.
Este mes de julio el ECAP Colombia presentará distintos eventos y artículos donde socias y socios compartirán su visión acerca del tema de la tierra y su centralidad en la vida de la sociedad colombiana.
La Propiedad De La Tierra, Madre De Todos Los Conflictos
Por Félix Posada Rojas
La realidad pasada
Los pueblos indígenas, las sociedades prehispánicas que existieron en el territorio que hoy es Colombia, no vivieron conflictos por la propiedad privada de la tierra ya que dentro de sus cosmogonías o visiones del mundo, la madre tierra era el origen y sustento de la vida en sus comunidades y como tal no podía admitirse que fuera parcelada o distribuida entre un grupo de patrones, amos o señores. Los conquistadores europeos introdujeron en nuestro territorio el concepto “propiedad privada” de la tierra. A sangre y fuego despojaron de sus tierras a los pueblos indígenas y los convirtieron en siervos de la nueva clase social de hacendados y terratenientes que se formó.
Los primeros beneficiados con el despojo de las tierras fueron los líderes de la conquista, sus lugartenientes y soldados que resultaron “premiados” con esa repartición inicial. La hacienda se configuró dentro de un modelo de sociedad colonial clasista y racista en el cual los blancos llegados de España tenían todos los privilegios sociales en virtud del color de su piel y de su origen europeo, mientras mestizos, indígenas y posteriormente los esclavizados negros quedaban excluidos sistemáticamente del acceso a los estratos del poder político, económico y religioso en el sistema dominante.
Este sistema de haciendas que se impuso en el siglo 16 y que sigue vigente en la mayoría de los países latinoamericanos, copió el modelo de latifundios en poder de la aristocracia de Castilla y para los cuales la propiedad de la tierra era, ante todo, un símbolo que reflejaba el poder político que monopolizaban en la España que crearon los reyes católicos, Isabel y Fernando.
La Iglesia Católica, aliada fundamental de la corona Española en el sistema de dominación colonial, también se vio beneficiada con el reparto de tierras. A principios del siglo 19, cuando se daba el proceso que llevó a la independencia de lo que hoy es Colombia de España, las instituciones religiosas adscritas a la iglesia: órdenes religiosas, obispados, parroquias, conventos, cofradías tenían el control de una tercera parte de las tierras del país en aquellos años.
El modelo de la gran hacienda se consolidó durante la época colonial gracias a las donaciones del Estado; al remate y compra de baldíos o apropiación de los mismos que hicieron los terratenientes. En realidad, muy pocas de las tierras de las grandes haciendas fueron explotadas comercialmente: la mayoría permanecieron ociosas, mientras los indígenas, gracias a las leyes de Indias expedidas por Carlos V recibían como “premio de consolación” de la corona el derecho a poseer resguardos o tierras comunales para su sobrevivencia.
Con las pocas tierras en uso bastaba para abastecer a las pocas ciudades y pueblos de la Nueva Granada, nombre bajo el cual se conoció el territorio de Colombia en la era colonial. El interés de la Corona estaba centrado en la explotación del oro y de la plata con el cual se pagaban las numerosas guerras que los reyes españoles habían promovido en Europa y la burocracia de la corte, mientras la mayoría del pueblo español vivía en la pobreza, víctima del régimen económico parasitario impuesto al país.
Entre 1885 y 1930 se instaura en el país un régimen conservador que sostiene las estructuras de la propiedad agraria dominadas por la gran hacienda en buena parte del país. Los hacendados imponen a los campesinos aparceros o jornaleros un régimen servil: A través del “endeude” permanente de los trabajadores con los patrones, logran que estos jamás puedan abandonar las haciendas y que trabajen exclusivamente para ampliar la riqueza de los patronos sin devengar salario alguno. Para quienes se resistan las leyes de la época permiten a los hacendados convertirse en autoridades de policía y encarcelar a los campesinos remisos en las prisiones particulares que tenían los patronos en las haciendas. Contra estas y otras injusticias se rebelaron los campesinos de las haciendas en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Santander creando las llamadas ligas campesinas a finales de los años 1920. El enfrentamiento entre hacendados y campesinos fue resuelto parcialmente por el gobierno Liberal de López Pumarejo con la expedición de la ley 200 de 1936. La ley autorizó la compra de las haciendas por parte del Estado y su parcelación entre los campesinos.
Sin embargo, el mismo López presionado por la oposición conservadora y por gente de su mismo partido echó para atrás lo dispuesto en la ley de 1936 con la ley 100 de 1944 durante su segundo gobierno.
El período histórico que en Colombia conocemos como La Violencia (1948-1958) determinó la expulsión de más de un millón de pequeños y medianos propietarios agrícolas de sus tierras, especialmente en las zonas cafeteras del centro-occidente del país y la consolidación de los intereses de los terratenientes en esos territorios claves para el desarrollo económico del país.
Durante el Frente Nacional (1958-1974) se intentó hacer una reforma agraria impulsada por el presidente Lleras Restrepo (1966-1970) siguiendo las políticas recomendadas por los Estados Unidos en su programa “Alianza para el progreso”, pero la oposición política de los grandes hacendados y sus aliados se encargó de hundirla en el gobierno siguiente de Misael Pastrana.(1970-1974).
La realidad actual
Hoy la propiedad de la tierra en Colombia sigue mostrando unas desigualdades abismales.
El censo nacional agropecuario, hecho por el DANE durante el gobierno de Juan Manuel Santos, reveló que de las 113 millones de hectáreas que tiene el país solo el 6,3% de las mismas o sea unos 7 millones de hectáreas están cultivadas.
El 0,44% de los propietarios de tierra controlan el 40,1% de la misma en el país. Entre tanto el 69,9% de los propietarios apenas tienen el 5% de la tierra del país. Representan propiedades menores a las 5 hectáreas.
El contraste es indignante: Colombia tiene más de 20 millones de hectáreas de tierras buenas para cultivos y actualmente estamos importando el 30% de los alimentos que consumimos en el país.
Hay cerca de 33,8 millones de hectáreas desperdiciadas en ganadería extensiva, en pastos.
El 64,6% del área cultivada está destinada a la agroindustria, incluyendo cultivos de exportación como la palma de aceite que ocupa más del 15% de las hectáreas sembradas.
El café emplea a más de 600 mil familias campesinas y ocupa el 28% del área agroindustrial de Colombia.
Según un informe de Oxfam el coeficiente de desigualdad Gini[1] en la distribución de la tierra en Colombia es de los más altos del mundo: 0,88. Superamos el Gini de América Latina que es de 0,79 y ni que decir los de Europa (0,57); Asia (0,55) y África (0,56).
El coeficiente Gini va de 0 a 1. Entre más se acerque a 1 más desigualdad existirá.
La FAO, organización de las Naciones Unidas, afirma que el 82% de la tierra productiva de Colombia está en manos del 10% de los propietarios de tierras.
Entre tanto, el Instituto Agustín Codazzi, institución del Estado colombiano, confirma que el 1% de los predios rurales del país tienen el 72% del área rural de Colombia.
El mismo Instituto ha levantado información sobre cómo se divide el territorio colombiano según su uso, a saber:
42,5% de la tierra del país, unas 48,5 millones de hectáreas, es de propietarios privados desde empresas agroindustriales hasta pequeñas fincas campesinas dedicadas a cultivos de pancoger.
30,1% del total, o sea 34,2 millones de hectáreas, pertenecen a resguardos indígenas, comunidades afroamericanas y otras agrupaciones étnicas reconocidas por el Estado. Estos grupos y comunidades están integrados por 1,9 millones de personas.
Ahora bien, hay que aclarar que la mayoría de estas tierras de propiedad comunitaria son tierras que no son aptas para cultivos u otras actividades económicas; son tierras de bosques, de selvas que deben ser objeto de conservación, de protección.
9,9% del total, osea 11,3 millones de hectáreas, pertenecen a áreas protegidas por el Estado (parques nacionales). Es en estos territorios donde se ubica el 90% de los cultivos ilícitos de coca que se encuentran los focos de deforestación.
0,7% del territorio corresponde a baldíos, terrenos inexplotados que son propiedad del Estado. Aunque esta cifra no es muy confiable porque ni el propio Estado sabe a ciencia cierta el verdadero tamaño de los mismos.
Hay cerca de 10,7% de tierras, osea 12,1 millones de hectáreas, que aparecen como propiedad del Estado. Tal vez sean las que correspondan a las concesiones mineras e industriales que el gobierno ha hecho a empresarios privados.
Un último dato: Las tierras rurales del país tienen un avalúo catastral de 182 billones de pesos, mientras las urbanas están avaluadas en 1.087 billones de pesos.
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
Félix Posada Rojas: Co-Director del Centro Ecuménico Popular para América Latina de Comunicación -CEPALC: Historiador, Sociólogo, Especialista en análisis de coyuntura Latinoamericana y Mundial, Escritor y Poeta. Es un gran amigo de los Equipos Cristianos de Acción por la Paz ECAP y ha compartido su sabiduría sobre el contexto colombiano a delegaciones durante los últimos 20 años que ECAP está en Colombia.
