En estos momentos en el Sur de Bolívar, Colombia, se libra una lucha encarnizada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 37 de las disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas (AGC), y el Ejército colombiano representado en la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, lo que ha causado una grave crisis humanitaria para la población civil de la región. El 26 de julio de este año, Oswaldo Pérez —líder de la junta de acción comunal de Mina Piojo—fue asesinado, desencadenando así el reciente desplazamiento forzado de aproximadamente 2000 personas que habitan zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales y Montecristo.
El 1 de agosto, las familias que fueron desplazadas llegaron al Municipio de Santa Rosa para hacer un llamado a las autoridades administrativas municipales, departamentales y nacionales; a las guerrillas y paramilitares; y al ejército nacional para que se respete la vida, la permanencia en el territorio y el no involucramiento de los civiles en el conflicto armado. El diálogo duró varios días, pero la carencia de soluciones y garantías para las comunidades, las obligó a pesar de eso a retornar a sus territorios.
Expresamos nuestra solidaridad con las comunidades de Colombia a las que se les niegan los derechos humanos básicos y que son victimizadas repetidamente por un gobierno que sólo prioriza los intereses económicos y políticos. Oramos para que las autoridades garanticen las siguientes demandas de la comunidad:
- Construcción de un Refugio Humanitario en el corregimiento San Pedro Frío, que sirva para acoger temporalmente a personas y familias que en algún momento se vean amenazadas por alguno de los actores del conflicto.
- Que el Estado garantice condiciones de vida digna para la población como el mecanismo más eficaz para comenzar a desactivar el conflicto.
- Que las autoridades de todos los niveles respeten y no interfieran en la Acción Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el territorio que tendrá como mecanismo los Diálogos Pastorales y Comunitarios.
- Una respuesta del Estado para los desafíos sociales de la región distinto al aumento del pie de fuerza y militarización del territorio.
- Que los grupos armados legales e ilegales no involucren a los civiles en las dinámicas del conflicto armado.
