En los tribunales de Mitilene, Lesbos, la semana pasada fuimos finalmente testigos de la absolución de compañeres y amistades que se enfrentaban a graves acusaciones penales, entre ellas la de formar parte y participar en una organización criminal, blanqueo de capitales y facilitar la entrada ilegal de personas ciudadanas de terceros países que supuestamente no tenían derecho a entrar en Grecia.
El Parlamento Europeo describió este caso como uno de los ejemplos más llamativos de criminalización de la solidaridad en Europa. Se hizo muy conocido como el caso ‘ERCI’ o “humanitarios”. En el 2018, tras la detención de dos personas trabajadoras de ‘ERCI’, una organización de búsqueda y rescate, se ordenó a la Dirección de Policía de Mitilene que llevara a cabo una investigación más amplia sobre las organizaciones humanitarias y los grupos de solidaridad que operaban en las costas de Lesbos. En aquel momento, la llegada de personas que intentaban llegar a Europa era tan elevada que las propias autoridades eran incapaces de hacerle frente. Numerosas organizaciones humanitarias, personas voluntarias individuales y grupos de solidaridad de base patrullaban la costa, observando, esperando y escuchando, con la disposición de prestar apoyo y asistencia médica a las personas que llegaban en botes inflables. Con este fin, ‘UNHCR’ (ACNUR) había creado un grupo de coordinación en WhatsApp para facilitar la comunicación entre los distintos grupos, más de 2,000 personas, y las autoridades.
Miles de personas que sobrevivieron a la travesía marítima tuvieron la suerte de encontrarse con estas personas voluntarias: personas que los guiaron con sus voces y linternas hacia puntos de desembarco seguros, en lugar de las peligrosas costas rocosas que se han cobrado cientos de vidas a lo largo de los años. Allí les recibieron personas de todas las edades que les ayudaron a desembarcar de forma segura, les ofrecieron toallas para secarse y les proporcionaron mantas de rescate para que se calentaran tras pasar horas en el Mar Egeo, a menudo agitado y ventoso. Estas personas fueron recibidas con sonrisas y abrazos, en lugar de ser abandonadas en zonas aisladas o, peor aún, enfrentarse inmediatamente a unidades armadas y militarizadas de la Policía Helénica y la Guardia Costera.
Conocemos el significado y la importancia de esta solidaridad. También sabemos que esta fue una de las principales razones detrás de la persecución legal de las 24 personas trabajadoras humanitarias y voluntarias.
Tras el enjuiciamiento, la mayoría de los grupos de ayuda se vieron obligados a disolverse. El temor a nuevas persecuciones, junto con el ambiente hostil deliberadamente cultivado en torno a la labor humanitaria, provocó la retirada de quienes habrían permanecido activos en las costas. Los principales medios de comunicación griegos amplificaron una narrativa que presentaba a las ONGs como parte de redes de tráfico ilegal, responsables de la decisión de las personas de emigrar a las islas griegas. Esta narrativa contribuyó posteriormente a ataques violentos contra personas trabajadoras y voluntarias de ONGs en Mitilene y en otros lugares.
Ocho años después, 19 de las 24 personas acusadas originales fueron finalmente llevadas ante el Tribunal de Apelación de Delitos Graves de tres miembros en Mitilene. Durante esos años, habían esperado a que el sistema judicial griego superara una serie de errores y omisiones procesales que retrasaron repetidamente la conclusión del juicio por delitos graves. Mientras tanto, en febrero del 2024, 16 de las personas acusadas ya habían sido absueltas de los cargos por delitos menores por el tribunal competente. En cuanto al juicio por delitos graves, se separaron los casos de otras cinco personas mencionadas en la investigación original, ya que se desconoce su paradero y no se les pudo notificar formalmente la acusación. No está claro si son conscientes de que se han presentado cargos penales contra ellas.
El juicio, que comenzó el 4 de diciembre del 2025, concluyó el 15 de enero del 2026 tras tres días de audiencias y diez largas horas de interrogatorio. El proceso confirmó lo que desde hacía tiempo era evidente: estas personas trabajadoras humanitarias no solo no formaban parte de ninguna red criminal de tráfico ilegal, sino que, con su labor, ayudaron a salvar vidas, a menudo poniendo en peligro su propia seguridad. Sus acciones fueron totalmente legales y se llevaron a cabo de conformidad con los requisitos de la Guardia Costera Helénica. Esto también fue confirmado por el testimonio del comandante de la Guardia Costera y el coordinador de los equipos de rescate de la Operación “Poseidón”, quienes afirmaron que las autoridades estaban al corriente de las actividades de las personas voluntarias. ¡También declararon que nunca fueron cuestionadas al respecto durante la investigación!
El veredicto fue inequívoco. Aceptando la recomendación del Fiscal del Estado, el tribunal absolvió a las 19 personas acusadas de todos los cargos. La decisión fue recibida con alivio y emoción por las personas acusadas, su defensa jurídica y sus seguidores, que habían llenado la sala del tribunal y se habían movilizado ampliamente en solidaridad. Juntes, abandonaron el tribunal para marcar el final de una larga y agotadora lucha.
Sin embargo, quedó un regusto amargo.
Durante 2,897 días, las personas acusadas vivieron en un limbo legal. Tres de ellas, Sara Mardini, Sean Binder y Nasos Karakitsios, estuvieron sometidas a casi tres meses de prisión preventiva. Las redes de solidaridad fueron desmanteladas, lo que creó un espacio para el surgimiento de una nueva doctrina de disuasión aplicada por los sucesivos gobiernos griegos. Se promovió una narrativa hostil y políticamente conveniente: que la responsabilidad de la migración forzosa recae en las personas trabajadoras humanitarias, y no en el legado colonial, los sistemas explotadores, la corrupción y las guerras impulsadas por el Norte Global. Esta narrativa cumplió su propósito y causó un daño irreparable.
¿Se puede llamar a esto justicia?
Como nos recordó una de las personas en la defensa jurídica fuera de la sala del tribunal: “La justicia retrasada es justicia denegada”. Tras ocho largos años de persecución, este veredicto es un alivio, pero no es la justicia plena.
No podemos permitir que eso se olvide. Este es un llamado a la acción: nuestra lucha por la humanidad, por la protección, por la justicia, debe continuar y hacerse más fuerte. Debemos permanecer vigilantes, desafiantes y unides contra los sistemas que castigan la compasión y criminalizan a quienes salvan vidas.
Que quede claro y sin concesiones: salvar vidas no es un delito.
