Durante los últimos cinco años, los Equipos Cristianos de Acción por la Paz y la Iglesia Menonita de Canadá, trabajaron incansablemente junto a socies indígenas y ecuménicos para apoyar la legislación federal que implementará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este mes, finalmente, el Gobierno canadiense programó la discusión del Proyecto de Ley C-15: un acto de respeto a la Declaración de la ONU.
La Declaración es un instrumento internacional consensuado de derechos humanos, fue elaborada por indígenas y representantes de los Estados-Nación durante 25 años. La Declaración afirma los derechos inherentes de los pueblos indígenas, derechos que “constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.” (Artículo 43)
Desde el 2007 y la adopción de la Declaración por parte de la Asamblea General de la ONU, organizaciones indígenas canadienses como la Unión de Gobernadores Indígenas de BC, les Haudenosaunee de Kanehsata:ke, y la Asamblea de Primeras Naciones, habían invitado al Gobierno canadiense a crear un plan nacional de implementación de la Declaración, con la inclusión de un margo legislativo. La Relatoría Especial de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas hizo eco a esta invitación, junto con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Más tarde, en el 2015, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá, una Comisión creada por les sobrevivientes de las Escuelas Residenciales Indígenas, amplificó este llamado al 1) nombrar la Declaración como el primer paso en el camino a la reconciliación y 2) invitar al Gobierno Federal a “adoptar completamente e implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como el marco para la reconciliación
[… y] desarrollar un plan nacional de acción, estrategias y otras medidas concretas para alcanzar los objetivos de la Declaración de la ONU.” (Llamados de Acción #43 y #44)
En aquella época, el Gobierno canadiense, bajo el liderazgo del Partido Conservador, no se mostró interesado en responder a ese llamado. El Gobierno conservador había firmado la Declaración a regañadientes en el 2010, siguiendo los pasos de Australia y Nueva Zelanda, y adelantándose por poco a los Estados Unidos, el último país del mundo en apoyar la Declaración. El apoyo de Canadá, al igual que el de los otros tres estados coloniales, aclaró que la Declaración era un instrumento no vinculante que carecía de efectos legales.
En noviembre del 2015, el Partido Liberal llegó al poder prometiendo relacionarse de manera distinta con los pueblos indígenas. En mayo de 2016, el Ministro para los Asuntos Indígenas y del Norte anunció al mundo que Canadá comenzaba a apoyar la Declaración de las Naciones Unidas “sin ninguna reserva”. No obstante, apenas regresó a su “hogar y tierra nativa”, el Gobierno Federal declaró “inviable” el Proyecto de Ley C-262, la legislación sobre la Declaración propuesto por Romeo Saganash, miembro Cree del Parlamento, y apoyada por organizaciones indígenas, sindicatos, iglesias, y otros grupos. ¿Por qué?
No estamos completamente seguros de la respuesta a esta pregunta. Tal vez el Partido Liberal gobernante, en el fondo, no se diferenciaba mucho de su contraparte conservadora. Listo para reafirmar los “derechos suaves” sobre la cultura y el lenguaje, pero ansioso sobre los “derechos duros” relacionados con la tierra y el consentimiento previo, libre e informado. Es fácil comprender que si el consentimiento indígena es efectivamente reconocido en la legislación canadiense, no simplemente la consulta, esto afectará la economía extractiva promovida por el mismísimo Estado. En general, los pueblos indígenas están mucho más preocupados acerca de la sostenibilidad y las relaciones de reciprocidad con la tierra que la sociedad colonial.
No obstante, 18 meses más tarde, el Gobierno canadiense dio una voltereta y anunció su apoyo al Proyecto C-262. ¿Qué sucedió? Nuestra conclusión es que el poder popular tuvo una victoria. Nuestro movimiento marchó, escribió cartas, adelantó huelgas de hambre, organizó protestas, y puso presión en miembros específicos del Partido Liberal para que cambiaran su voto. Esta acción permanente y el apoyo de coaliciones populares forzaron a un Gobierno que ya estaba públicamente comprometido con la reconciliación a apoyar la legislación sobre la Declaración. Fue un gran logro, pocas personas creyeron que podíamos alcanzarlo, pero a través de la organización estratégica y la obtención de la simpatía de la opinión pública, forzamos al Gobierno canadiense a decir “sí”.
Con el apoyo del Gobierno, 262 votos atravesaron los pasillos del poder y llegaron a la línea final, pero justo al cierre del año legislativo no llegó a entrar en vigor debido a las tácticas de bloqueo ejercidas por la oposición conservadora. Coincidentemente, el día era el 21 de junio de 2018, Día Nacional de los Pueblos Indígenas.
Mientras que el Parlamento entraba en el receso de verano, los Liberales prometieron reintroducir la legislación del Gobierno para implementar la Declaración si ellos eran reelegidos en el otoño. Debemos reconocer que fueron fieles a su promesa, programando el Proyecto de Ley C-15 para diciembre de 2020. Aun así, todos sabemos que el camino para llegar al respeto genuino por los derechos indígenas es difícil y está lejos de llegar a su fin. Mientras que el Proyecto C-15 transita en la Cámara y el Senado, surgen varias preguntas. ¿Logrará el Proyecto C-15 su aprobación antes de unas potenciales elecciones en la primavera? ¿Si C-15 se convierte en ley, tendrá Canadá un marco legal que reconozca genuinamente los estándares internacionales de la Declaración para “la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”? ¿Y, más importante aún, respetará la Corona dichos estándares, teniendo en cuenta que incluso hoy en día tiene problemas para respetar las leyes existentes y las sentencias de la Corte Suprema que reconocen varios derechos indígenas?
Muches colegas indígenas son profundamente escépticos, comprensiblemente, creen que el Gobierno “hará como siempre ha hecho.” Y algunes, un movimiento creciente que incluye respetades líderes indígenas, no quieren que C-15 se convierta en ley porque están seguros de que está legislación domesticaría los derechos indígenas para el status quo canadiense. Por ejemplo, un buen amigo indígena interpreta la actual Sección 35 como “un caballo de Troya […] que acabaría con nuestros derechos!” Al mismo tiempo, otros socies indígenas y organizaciones están esperanzados, y ven el Proyecto C-35 como un paso significativo para reparar las relaciones. “Es un buen día!” Dijo el Gran Jefe Cree Willie Littlechild la mañana que el gobierno anunció la discusión del Proyecto de Ley C-15. “Ahora estamos encaminados en una verdadera ruta de reconciliación, sanación, paz y justicia.”
Los caminos de la justicia son largos. Los pueblos indígenas lo saben muy bien, mucho mejor que les colones de clase media como yo. No obstante seguimos presionando, dando pasos hacía la libertad, pasos hacía el florecimiento y la autodeterminación indígena, pasos hacía la decolonización de Canadá. Cómo dar esos pasos es un asunto que no siempre es claro para las personas de buena voluntad y corazón. Lo que parece un signo de esperanza para mí es visto como una trampa por un amigo indígena de confianza. “Tú ves una cobija de estrellas [en la promesa del Proyecto C-35], yo veo una cobija contaminada de viruela”, comparte él con quienes siguen su cuenta en Twitter. Y así caminamos por diferentes caminos, incluso opuestos, en este momento. Esta es una realidad difícil de asimilar, pero la verdad es que los caminos hacía la libertad, la justicia y la paz son polémicos, no todos los vemos de la misma forma. Así que permanecemos escuchándonos las unas a los otros y a las muchas que nos rodean, mientras debatimos cuál es el siguiente paso. Todes oramos, cada cual a su manera particular y con un efecto diferente. “En tu luz veremos la luz” (Salmo 36:9), Creador danos coraje, y sobre todo, humildad.
Steve Heinrichs es el Vicepresidente de la Mesa Directiva de ECAP y el Director de Relaciones Colones-Indígenas, Iglesia Menonita de Canadá
