Declaración En Respuesta Al Proyecto De Ley De La Gobernación De Manitoba Sobre Infraestructura Crítica

Equipos Cristianos de Acción por la Paz condenan la PCIA y demanda que la Gobernación de Manitoba retire la Ley 57 de la lista de leyes a discutir antes de su segundo debate.
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Graphic: Bill 57 - unavailable for preview

Los Equipos Cristianos de Acción por la Paz se oponen la Ley de Protección de Infraestructura Crítica (PCIA, por sus siglas en inglés) de la Gobernación de Manitoba, una ley que afectaría desproporcionadamente a les indígenas defensores de la tierra y criminalizaría muchas formas de protesta pacífica. La PCIA es intencionalmente colonial y racista, y se convertiría en un obstáculo para la soberanía indígena y las relaciones de nación a nación.

La Ley de Protección de Infraestructura Crítica fue presentada a la Legislatura de Manitoba el otoño pasado en respuesta directa a las protestas que siguieron a la invasión de la Real Policía Montada de Canadá al territorio Wet’suwet’en en febrero de 2020. A lo largo y ancho de la Isla Tortuga se establecieron bloqueos en solidaridad con les defensores de la tierra Wet’suwet’en, quienes estaban protegiendo su territorio de la construcción del Gasoducto Costero GasLink. Desde entonces, la Provincia de Alberta aprobó la Ley 1, la Ley de Defensa de la Infraestructura Crítica, la cual prohíbe el bloqueo de distintos tipos de infraestructura considerada “crítica” con el objetivo de suprimir la resistencia indeseada. La Ley 57 de Manitoba, que se parece mucho a la de Alberta, se aproxima a su segundo debate en marzo.

En una movida antidemocrática, la Gobernación de Manitoba ha decidido no revelar al público el texto de la Ley 57 hasta momentos antes de que sea votada. Esta medida sugiere que la Gobernación pretende no llamar la atención sobre el contenido de la Ley por temor a la reacción negativa del público. En referencia a Ley 1 de Alberta, el antiguo Ministro de Justicia Cliff Cullen ha declarado que la PCIA de Manitoba sería similar “desde un punto de vista conceptual”. De acuerdo a la legislación de Alberta, las personas pueden ser multadas hasta con CAN$10.000 por una primera ofensa y hasta con CAN$25.000 y seis meses de arresto por ofensas repetitivas.

El Sindicato de Trabajadores de la Provincia de Alberta ha llevado a la Gobernación de Alberta a la Corte por la Ley 1. Expertes legales de la Universidad de Calgary han indicado que la Ley viola la Carta Canadiense de Derechos y Libertades en al menos seis formas. Marlene Poitras, la Jefe Regional de la Asamblea de las Primeras Naciones, ha declarado que la Ley 1 “socavará los derechos individuales” y “atacará injustamente a les indígenas”. La Ley de Alberta también ha sido criticada por su definición amplia e imprecisa de “infraestructura crítica”, la cual tiene el potencial de incluir desde las vías férreas hasta los andenes.

La “Protección de la Infraestructura Crítica” va a debilitar los movimientos de soberanía indígena y los esfuerzos para proteger el territorio y las fuentes de agua de la explotación colonial. Le va a dar a la Policía medios adicionales para ponerse del lado de los intereses de  corporaciones privadas y compañías de extracción de recursos. La Ley 57 se va a convertir en otra justificación para que el estado colonial vigile los movimientos indígenas en nombre de la estabilidad económica. Cualquier iniciativa de base: huelgas, marchas, protestas, bloqueos, que amenace la “infraestructura crítica” está en peligro de ser criminalizada.

Como una organización comprometida con los derechos humanos y la solidaridad indígena, los Equipos Cristianos de Acción por la Paz condenan la PCIA y demanda que la Gobernación de Manitoba retire la Ley 57 de la lista de leyes a discutir antes de su segundo debate. Invitamos a:

  • El Gobierno de la Provincia a retirar la Ley 57 y asegurar que las personas indígenas y no-indígenas a lo largo y ancho de Manitoba puedan ejercer su derecho a la protesta pacífica.
  • El Gobierno Canadiense a reconocer la soberanía y la autodeterminación de los pueblos indígenas tal cual se consigna en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Otras organizaciones, iglesias y comunidades a publicar declaraciones similares oponiéndose a la PCIA.

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