“¿Quién determina qué es una infraestructura esencial? Lo esencial para mi es el agua, el aire, la tierra donde camino. Eso sí es esencial”, Sadie-Phoenix Lavoie expresó en la manifestación.
El 23 de marzo, los Equipos Cristianos de Acción por la Paz (ECAP) se unieron a 200 personas en las afueras de la Legislatura de Manitoba en Winnipeg para protestar contra la Propuesta de Ley 57, una legislación que criminalizaría muchas formas de protesta pacífica y que está desproporcionadamente destinada hacia los Defensores de Tierra y Protectores del Agua. ECAP fue uno de muchos grupos representados en la manifestación y también intervino en la planeación del evento. Otros grupos involucrados incluyeron las organizaciones Manitoba Energy Justice Coalition (Coalición de Manitoba por la Energía Justa), Winnipeg Police Cause Harm (la Policía de Winnipeg Causa Daño) como también Idle No More Northern Manitoba (Movimiento Nunca Más Inactivos de Manitoba del Norte).
El Proyecto de Ley 57 o Ley de Protección de Infraestructuras Esenciales (PCIA por sus siglas en inglés) fue propuesto por el gobierno de Manitoba en el último trimestre del 2020. Sin embargo, el contenido de la ley solo se divulgó a la oposición y al público en general la semana pasada. Al difundir el texto de la ley solo días antes de su segunda lectura, el gobierno proporcionó un tiempo mínimo a los opositores para que refutaran la legislación. Este proceso poco democrático combinado con el contenido controversial de la ley, llevó a muchos grupos a protestar en las calles el martes pasado.
Según la PCIA, la “estructura esencial” es infraestructura que “hace una contribución importante a la salud, seguridad, protección y bienestar económico de la población de Manitoba”. Esta definición de infraestructura esencial también incluiría “la tierra o instalaciones donde está localizada la infraestructura esencial”, así como la infraestructura en proceso de construcción que se ajustaría a la definición de “esencial” una vez se terminara de construir. Esta amplia definición circunscribe una gran variedad de infraestructura, incluyendo carreteras, ferrocarriles y oleoductos.
El Proyecto de Ley 57 permitiría a los propietarios y operadores de “infraestructura esencial” solicitar a la corte provincial que restrinja las protestas que interfieran con dicha infraestructura. Si el tribunal decide emitir una orden, los individuos podrían ser multados con hasta $5,000 o sentenciados a 30 días de cárcel por entrar en la zona restringida o por ayudar a otros a hacerlo. Para las corporaciones la multa podría ser de hasta $25,000.
La Propuesta de Ley 57 es profundamente preocupante para ECAP ya que está dirigida a las formas pacíficas de protesta que se han vuelto especialmente importantes en la afirmación de la soberanía y los derechos de los pueblos indígenas. La PCIA criminalizaría cualquier interferencia con proyectos de extracción de recursos, y coartaría movimientos similares a la actual resistencia indígena a la Línea 3 en Minnesota. La PCIA penalizaría los bloqueos del ferrocarril, que fueron cruciales en las protestas solidarias con los Defensores de Tierra Wet’suwet’en el año pasado. La Propuesta de Ley 57 consolidaría aún más la lógica de la Doctrina de Descubrimiento al reforzar la falsa noción de que las potencias coloniales tienen títulos de propiedad fundamentales sobre la tierra y sus recursos.
El lunes pasado, la Oposición Provincial anunció que bloquearía la Propuesta de Ley 57 hasta la sesión de otoño. Si bien este retraso es sin duda algo para celebrar, la Propuesta sigue en la mesa. ECAP se ha comprometido a hablar contra esta legislación en los siguientes meses antes de que ocurra su segunda lectura. La acción directa no violenta es esencial para el trabajo de ECAP y sus aliados, no solo en Isla Tortuga sino también en el mundo entero. mundo.
Puede leer la declaración completa de ECAP en oposición a la Propuesta de Ley 57 aquí.
