COMUNICADO DE PRENSA
26.04.2021
Escandalosa condena de un refugiado sirio en la isla griega de Lesbos a 52 años de prisión. Los observadores del juicio critican duramente la criminalización de la migración.
El viernes 23 de abril del 2021, el juicio de K.S., un joven que huyó de Siria, tuvo lugar en Mitilene en la isla griega de Lesbos. Fue sentenciado a 52 años de prisión por “entrar ilegalmente” y “facilitar le entrada ilegal”. Los observadores del juicio, pertenecientes a las iniciativas “You Can’t Evict Solidarity”, Programa ECAP de Solidaridad con migrantes en la Región Egea y borderline-europe, consideran que el veredicto es escandaloso. Critican lo injusto que fue el juicio y exigen de nuevo la liberación inmediata del acusado.
Como contó durante el juicio, el acusado K.S. huyó con su familia de la guerra civil en Siria a Turquía. Allá, se reusó a participar en la operación militar turca en la guerra civil de Libia y posteriormente fue encarcelado y torturado. Logró huir hacia la UE con su esposa y tres hijes pequeñes. Cuando la familia llegó a la isla griega de Quíos a comienzos de marzo del 2020, se le negó el derecho al asilo durante un mes como a todas las personas que llegaron a Grecia en ese momento. Los antecedentes—también descritos en el testimonio del Programa ECAP de Solidaridad con migrantes en la Región Egea durante el juicio—son que el estado griego había suspendido ilegalmente el derecho al asilo por una disputa que había entre Turquía y la UE, y había presentado sistemáticamente cargos criminales de “entrada ilegal” contra los migrantes que buscaban protección en Europa. Adicionalmente, K.S. fue falsamente acusado a su llegada de estar manejando la embarcación en la que él y su familia llegaron a Quíos y fue acusado además de “facilitar la entrada ilegal” (tráfico ilícito de personas) y de “provocar un naufragio” (poner vidas en riesgo).
Una persona que observó el juicio aclara el contexto de los cargos: “la presentación de estos cargos contra migrantes que llegan a las islas griegas, supuestamente identificados como conductores de las embarcaciones, ha sido un enfoque sistemático utilizado por el estado griego durante varios años. Está basado en la noción absurda de que cualquier persona que maneje un bote inflable con personas buscando protección es un traficante. Con frecuencia las personas acusadas están buscando protección también y han sido obligadas a operar la embarcación. En la práctica, condenar a “traficantes” significa acusar a una persona que llega en una balsa inflable de estarla manejando, lo haya hecho o no. Estas personas suelen ser detenidas en el acto sin suficiente evidencia y sometidas a prisión preventiva durante meses. Cuando sus casos finalmente llegan a juicio duran un promedio de 38 minutos y son condenadas a sentencias de larga duración, en algunos casos hasta más de 100 años en prisión con multas enormes. Para los cargos contra K.S el promedio de condena es de 93 años. Estos procedimientos no se llevan a cabo de manera justa ni conforme al estado de derecho. Conocemos cientos de casos similares de personas en cárceles griegas con estos cargos, como lo muestra un informe del Programa ECAP de Solidaridad con migrantes en la Región Egea, borderline-europe y Deportation Monitoring Aegean (1). Más recientemente, el año pasado, dos refugiados Amir y Razouli, entre otros, fueron condenados a 50 años de prisión en un juico como este y ahora están en cárceles griegas a la espera de su audiencia de apelación en marzo 2022” (2).
Después de más de un año de detención preventiva y tras el aplazamiento del juicio con poco preaviso hasta el viernes 23 de abril del 2021, el acusado K.S. fue sentenciado a 52 años de prisión en solo un par de horas y en cámara por “entrada no autorizada” y por “facilitar la entrada ilegal”. Su condena fue de 10 años más un año por cada persona en la embarcación. Adicionalmente, el tribunal lo multó por 242.000 euros. Esta dura condena fue impuesta, a pesar de haber sido absuelto de los cargos de “poner vidas humanas en riesgo” y “desobediencia”.
K.S. fue juzgado no por su culpabilidad en los “crímenes” particulares de los que se le acusó, sino como ejemplo para condenar la migración a Europa en general. K.S. fue objecto de declaraciones derogatorias por parte del tribunal y el jurado cuando le preguntaron por su fe musulmana y la razón por la cual no se había quedado en Siria para pelear por su país. El juicio estuvo lleno de irregularidades significativas. Por ejemplo, el caso del fiscal estuvo basado en listas contradictorias del número de personas en la embarcación. El testigo principal del fiscal era una persona que sirve en la guardia costera y que testificó en gran detalle, pero no dijo nada respecto a la pregunta principal sobre si había visto al acusado manejando la embarcación. En cambio, la esposa del acusado declaró y confirmó que él no había manejado la embarcación. Cuando la persona de la guardia costera declaró al final de su testimonio que K.S debería ser liberado por que estaba huyendo de una zona de guerra, el fiscal contestó que podía haberse quedado en Turquía—increíble considerando que K.S. había sido encarcelado y torturado allá.
Sus abogados del Centro Legal de Lesbos apelaron el veredicto inmediatamente. Hasta entonces, K.S. debe permanecer el tiempo hasta la audiencia de apelación (un año presuntamente) de nuevo en la infame prisión de Korydallos en tierra firme griega.
Johannes Körner de la campaña “You Can’t Evict Solidarity” dijo lo siguiente sobre el veredicto:
“Tanto nosotros como las iniciativas del Programa ECAP de Solidaridad con migrantes en la Región Egea y borderline.europe seguiremos apoyando a los acusados en solidaridad. Solicitamos a Grecia y a la Unión Europea suspender de inmediato la detención arbitraria de migrantes; y que absuelvan y liberen inmediatamente a los acusados. Además, los casos comparables pendientes deben ser abandonados o los juicios deben tener lugar en otro lugar que no sea el tribunal prejuiciado de Mitilene”.
Un miembro del Programa ECAP de Solidaridad con migrantes en la Región Egea agregó:
“Las personas migrantes que buscan santuario en Europa y que son acusadas del crimen de facilitar la entrada ilegal no pueden esperar un juicio justo en el tribunal de Mitilene. K.S. fue condenado sin evidencia que lo identificara positivamente. Esto refleja un sistema de justicia que atiende al sector vocal de la sociedad local que busca un chivo expiatorio para el tema de la migración en la isla”.
Contacto de prensa:
Johannes Körner: cantevictsolidarity@riseup.net
