Las y los habitantes de la subregión del Sur de Bolívar han atravesado durante décadas los impactos de la violencia asociada al conflicto armado y la disputa territorial y económica que distintos actores legales e ilegales han desarrollado a lo largo y ancho de su territorio. Ello ha traído consigo que comunidades campesinas, indígenas y mineras vivan una constante amenaza contra sus vidas y una sistemática violación de sus derechos humanos y fundamentales.
En estos momentos en la subregión se libra una lucha encarnizada entre grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 37 de las disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas (AGC), y el Ejército colombiano representado en la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. Esta contienda que viene dándose desde el año pasado ha creado una condición de vulnerabilidad para la población civil que en muchas ocasiones ha terminado en medio de combates, sufriendo las amenazas y asesinato de sus líderes comunitarios y sociales, como el ocurrido el 26 de julio de este año donde Oswaldo Pérez —líder de la junta de acción comunal de Mina Piojo—fue asesinado. Desencadenando así el reciente desplazamiento forzado de aproximadamente 2000 personas que habitan zonas rurales de los municipios de Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales y Montecristo; la razón de esta grave violación a los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario es el aumento de las confrontaciones entre grupos armados en la serranía de San Lucas.
El 1 de agosto familias que fueron desplazadas llegaron al Municipio de Santa Rosa para hacer un llamado a las autoridades administrativas municipales, departamentales y nacionales; a las guerrillas y paramilitares; y al ejército nacional para que se respete la vida, la permanencia en el territorio y el no involucramiento de los civiles en el conflicto armado. Es importante resaltar que la población no sólo enfrenta el destierro, a ello se suma la estigmatización que proviene de autoridades locales y medios de comunicación que han realizado acusaciones peligrosas contra las organizaciones sociales que agrupan a familias mineras y campesinas, aumentando el riesgo a la vida de líderes sociales y comunidad en general al asociarles como colaboradores de algún grupo violento.
Tras varios días de diálogo entre comunidad, autoridades administrativas, instituciones del Estado y la fuerza pública—en los que hubo falta de respuestas claras y soluciones que garanticen un retorno seguro para las más de 2000 personas desplazadas, junto a la precaria atención humanitaria que se brindó por las entidades locales competentes y la estigmatización contra las organizaciones sociales—las comunidades tomaron la decisión de volver a sus territorios sin haber obtenido las mínimas garantías para su seguridad.
Equipos Cristianos de Acción por la Paz fuimos testigos de las difíciles condiciones humanitarias que vivieron las familias desplazadas durante casi nueve días, y de la labor que desempeñaron organizaciones sociales para que se mejoraran las condiciones en el albergue donde permanecieron las comunidades. Además, presenciamos el trabajo del Comité Internacional de la Cruz Roja y el Servicio Jesuita para Refugiados que permitió mitigar las complejas condiciones humanitarias que vivió la población desplazada. Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la seguridad y vidas de la población civil que retorna al territorio sin estar claras las garantías que resuelvan o mitiguen los impactos de la guerra sobre quienes nada tienen que ver con ella.
Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas que han sido víctimas de la violencia y que hoy vuelven a sus hogares con más dudas que claridades. Hacemos un llamado a las autoridades locales, al Estado Colombiano, y a los grupos armados para que atiendan las siguientes peticiones de la comunidad:
- Construcción de un Refugio Humanitario en el corregimiento San Pedro Frío, que sirva para acoger temporalmente a personas y familias que en algún momento se vean amenazadas por alguno de los actores del conflicto.
- Que el Estado garantice condiciones de vida digna para la población como el mecanismo más eficaz para comenzar a desactivar el conflicto.
- Que las autoridades de todos los niveles respeten y no interfieran en la Acción Humanitaria por la Vida y la Permanencia en el territorio que tendrá como mecanismo los Diálogos Pastorales y Comunitarios.
- Una respuesta del Estado para los desafíos sociales de la región distinto al aumento del pie de fuerza y militarización del territorio.
- Que los grupos armados legales e ilegales no involucren a los civiles en las dinámicas del conflicto armado.
Esto facilitaría que se trabaje en la construcción de una salida dialogada al conflicto armado que se vive en el Sur de Bolívar permitiendo así el desarrollo de una vida digna para todas las comunidades campesinas y mineras de la subregión.
