Tras el fin del mundo binario (Capitalismo vs Comunismo), los imperios reinantes consolidaron la expansión de la democracia como sistema de organización de la vida social, política, económica y cultural de las sociedades a nivel global. Así, los pueblos y naciones en distintos continentes inician procesos de democratización impulsados desde organismos internacionales y Estados que han ejercido una hegemonía dentro de la sociedad Global. Es cierto que la democratización ha traído consigo avances en la garantía y acceso a derechos fundamentales y humanos para un gran número de personas, sin embargo, no ha sido posible romper con estructuras de poder que están presentes en este modelo y que impactan en las relaciones sociales que a diario se dan en los espacios públicos y privados de nuestras vidas.
Mucho antes que apareciera la pandemia del Covid-19 y se produjera una nueva crisis económica y social, el sistema de producción capitalista y la democracia ya se enfrentaban a otra profunda crisis que se evidenciaba en el aumento de los índices de la pobreza a nivel local y global, junto al recrudecimiento de la violencia, y el surgimiento de nuevos conflictos armados. Este sistema establece distinciones, jerarquías y privilegios que no son “naturales” ni justos. Por ello a medida que se profundizan estas estructuras opresivas, se dan respuestas contrahegemónicas por parte de los sectores subalternos y oprimidos que buscan romper las relaciones de poder que vulneran la dignidad del ser humano. Es en este contexto de resistencia donde se enmarca la lucha que vienen adelantando organizaciones sociales a nivel local e internacional para la obtención de un mínimo vital que permita cerrar las brechas de desigualdad e inequidad impulsadas desde el privilegio y la falta de empatía hacia las/os otras/os.
Colombia es un buen ejemplo de lo descrito anteriormente. Desde finales de abril se vive un Paro Nacional en el que confluyen distintos sectores sociales y populares que se manifiestan contra el abandono y la injusticia que ha rodeado por décadas a amplios sectores de la sociedad colombiana. Hoy vemos en las calles distintas expresiones de protesta que apuestan por la apertura de diálogos que permitan colocar en la discusión nacional, debates que el Estado colombiano y sus gobiernos han aplazado durante muchos años gracias al empleo de la fuerza militar y policial.
Dentro de estos debates está presente la discusión sobre lo desigual que es Colombia y la poca voluntad de sus elites políticas y económicas para encontrar una salida a la crisis social que afronta el país. Frente a este problema se ha planteado como solución por parte de quienes están en el paro, la necesidad de garantizar una renta básica que posibilite a los sectores más afectados por la crisis económica y social, acceder a derechos y libertades fundamentales en una democracia y en un Estado social de derecho.
Pero ¿qué es el mínimo vital? y ¿por qué es una medida importante para solucionar la crisis? Las respuestas a estas inquietudes pasan por entender que Colombia se considera una democracia amparada en la figura del Estado social de derecho, esto significa que es el Estado el único actor político sobre quien recae la responsabilidad y el deber de proteger valores democráticos como los derechos humanos o la libertad. Entonces el mínimo vital es un concepto que busca garantizar a las personas una calidad de vida que les posibilite desarrollar sus proyectos de vida; asimismo, se lo considera como un mecanismo de equidad social con el que se pretende que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y de derecho, que impiden ese acceso a mejores oportunidades educativas, laborales y económicas. Además, en este momento cobra mayor importancia pues al considerarse un derecho inalienable del ser humano, los amplios sectores de la sociedad colombiana que históricamente han vivido y padecido los efectos de las injusticias tendrían la posibilidad de gozar de un mínimo de seguridad económica que permita hacer frente a las necesidades más perentorias que la crisis ha traído consigo y por la cual hoy las calles colombianas son un campo de disputa entre quienes exigen oportunidades de empleo, mejor salud y educación, y quienes buscan impedir cualquier cambio que afecte el status quo.
Quiero concluir diciendo que si bien el mínimo vital por sí solo no puede detener el deterioro que la crisis ha producido en el conjunto de la sociedad colombiana -pues es claro que se necesitan otro tipo de medidas políticas, sociales y económicas que hagan posible una mejoría real y sostenida en el tiempo-, si es una opción para no olvidar que quienes padecen las injusticias tienen derecho a un vida digna y que se respete su humanidad.