El caso de ‘ERCI y otros’ es parte de una serie de procesamientos que tienen lugar en el mar Egeo y en el Mar Mediterráneo que tienen como objetivo criminalizar la solidaridad y el rescate de personas migrantes. Sin embargo, este caso en particular se destaca porque las personas imputadas buscan ser procesadas de todas las maneras posibles, y el tribunal, cinco años después, aun no lo permite. Como dice una de las personas imputadas:
“Este juicio fue y sigue siendo una farsa. Si fuéramos las personas criminales peligrosas de la manera como nos presentan, lograron dejarnos impunes y libres por más de cuatro años, durante los cuales podríamos haber seguido cometiendo los horribles crímenes de los cuales nos acusan. Crímenes, que les ocurrieron, lo suficientemente graves como para encerrar a las personas en prisión preventiva. Entre ellas, dos personas jóvenes estudiantes, para asegurarse de que no eludieran su responsabilidad, mientras que finalmente a una de ellas se le prohibió el ingreso al país y por ende asistir a su juicio. Bueno, afortunadamente, no somos criminales y no somos culpables de ningún delito del que se nos acuse—por lo que no hubo peligro para la sociedad o el Estado Griego en ningún momento”.
El proceso judicial:
En agosto del 2018, tres personas rescatistas de la ONG ERCI, Sara Mardini, Sean Binder y Nassos Karakitsos, fueron detenidas en Mitilene. Las tres personas estuvieron detenidas durante aproximadamente tres meses en una prisión griega y luego fueron puestas en libertad bajo fianza. Estos tres arrestos fueron seguidos por cargos penales presentados contra 21 personas más. Algunas de ellas tenían vínculos con la ERCC, mientras que otras no tenían conexión con la organización. Los cargos penales abarcan un período de aproximadamente dos años (2016-2018) y contienen delitos menores y mayores. El caso se dividió en dos subcasos para el juicio, uno relacionado con los cargos de delitos menores y el otro con los cargos de delitos graves, para no perder el plazo de prescripción de los cargos de delitos menores.
Los delitos graves que se están procesando son, entre otros, los cargos de
1) establecimiento y participación en una organización criminal;
2) lavado de dinero; y
3) facilitar la entrada ilegal de personas extranjeras (comúnmente conocido como contrabando).
A la fecha, cinco años después de la acusación, las 24 personas imputadas no han sido citadas a juicio por los delitos graves, ya que el caso aún se encuentra en etapa de investigación.
Con el plazo de prescripción de los cargos por delitos menores acercándose, el caso llegó a los tribunales por primera vez el 18 de noviembre del 2021. Sin embargo, el juicio no comenzó porque el tribunal se declaró incompetente, ya que una de las personas imputadas es una asistencia jurídica en ejercicio y, por lo tanto, el caso debe ser juzgado en un tribunal superior (tribunal de apelación), de acuerdo con el código de procedimiento penal. Las personas de la defensa jurídica plantearon una serie de objeciones por todos los errores de derecho que se habían cometido hasta ese punto, pero el tribunal no los tomó en cuenta porque ya se había declarado incompetente. La acusación por los múltiples cargos de delitos menores, en este caso,
1) espionaje;
2) falsificación;
3) posesión de frecuencias de radio; y
4) facilitación de una organización criminal
continuan, remitidos al tribunal de apelación. Las personas imputadas, por su parte, insistieron en que desean ser juzgadas.
Así hemos llegado a enero del 2023, donde se han puesto de manifiesto en la sala del tribunal todos los extensos errores, irregularidades procesales y saltos ilógicos que constan en el expediente y los cuales son la base sobre la que se ha arrastrado a las personas imputadas de audiencia en audiencia durante cinco años—sin siquiera comenzar el juicio. Por nombrar unos cuantos:
- Uno de los cargos, posesión de frecuencias de radio, ya no es un delito penal y no puede ser procesado.
- El inicio del expediente hace referencia a 24 personas imputadas, pero al final del expediente se hace referencia a 25 personas imputadas. En algunos casos, tampoco se menciona el tiempo de los delitos cometidos. Como resultado, ni las personas en defensa jurídica ni las personas imputadas pueden entender por qué actos se acusa a qué persona y cuándo supuestamente tuvieron lugar estos actos.
- Para el cargo de espionaje, no se menciona (según lo define la ley) qué información clasificada NO debe poseer la persona imputada.
- Para el cargo de facilitar una organización criminal, primero se debe probar que existe una organización criminal. Esto no se ha hecho porque la investigación en el caso del delito grave no se ha completado y los cargos del delito grave no han sido confirmados por el consejo de tres jueces.
- El tribunal está obligado a notificar a las personas imputadas, tanto los cargos como la citación a juicio en un idioma que entiendan, lo que tampoco se hizo.
El viernes 13 de enero del 2023, el tribunal admitió todas las objeciones anteriores y declaró nulo el proceso. También reconoció que la limitación estatutaria había prescrito para los delitos presuntamente cometidos con anterioridad a los cinco años anteriores a esa fecha (es decir, delitos hasta el 13 de enero del 2018). Finalmente, se separó a dos personas griegas imputadas de las 24 personas imputadas, las cuales serán juzgadas de manera independiente.
El efecto práctico de todo esto es que todo el caso fue cancelado y devuelto procesalmente a una etapa anterior. Es decir, tendrá que ser corregido, reescrito, traducido y enviado a las personas imputadas antes de que prescriban los demás delitos, lo cual es poco probable.
Reflexiones sobre un juicio que nunca sucedió…
Como mencionó otra personas imputada,
“Por un lado, siento satisfacción de que la corte reconoció todos los errores e irregularidades cometidas en nuestro caso. Por otro lado, nos estábamos preparando para una batalla, queríamos ser escuchadas y eso no sucedió”.
Todo lo anterior confirma que el objetivo de todos estos procesamientos no era hacer cumplir la ley, ni enjuiciar a las personas imputadas, ni hacerlas condenar. Después de todo, las autoridades fiscales, con cinco años completos a su disposición, no pudieron llevar a cabo su tarea. Estas prosecuciones, así como otras similares en el Egeo y en el Mediterráneo, que se llevan a cabo desde el 2016, tienen como objetivo que no queden personas testigo para observar lo que sucede en los mares y en las costas. Desafortunadamente, este objetivo se ha logrado en gran medida. Después de múltiples procesos penales, difamación en los medios y una serie de ataques a miembros de la sociedad civil, actualmente no hay ni un solo barco o misión de rescate en el Egeo.
Esto nos lleva al día de hoy, donde las personas guardacostas turcas y griegas y la Agencia Europea de la Guardia Costera y de Fronteras FRONTEX están operando en el Egeo. Donde la práctica asesina e ilegal de las expulsiones de personas migrantes se ha convertido en la principal herramienta de “gestión migratoria”. Donde, por miedo a las expulsiones de personas migrantes, las personas migrantes son expulsadas por rutas cada vez más peligrosas, viajando de Turquía a Italia en botes podridos. Dónde en el Egeo, contamos más personas muertas día a día.
La criminalización de la migración y la criminalización del rescate y la solidaridad son ahora hechos de la realidad Europea y son inseparables entre sí. El juicio de la ‘ERCC y otros’, por la publicidad que ha recibido—con razón—ha iluminado aspectos de este fenómeno de la tragicomedia. Pero en muchos otros juicios, especialmente cuando las personas imputadas son migrantes, el poder judicial no duda en violentarse a sí mismo. No duda en condenar a personas a decenas de años de prisión, en juicios que distan mucho de ser calificados de justos. De una manera simplemente trágica, sin ningún elemento cómico.
1 En Lesbos, la organización humanitaria ‘Emergency Response Center International (ERCI)’ [Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC)] participó activamente en la búsqueda y el rescate, brindando servicios médicos dentro del ‘Reception and Identification Centre’ [Centro de Recepción e Identificación (RIC, por sus siglas en inglés)] de Moria, etc. Estaba registrado en el registro de la ONG y, a menudo, cooperaron con las autoridades Griegas y la Guardia Costera Griega.
2 Vale la pena señalar que en ese momento y hasta el 2019, el partido de centroizquierda de Syriza estaba en el gobierno, el cual había adoptado tanto una retórica pro-inmigración como una práctica anti-inmigración.
