La noche del pogromo racista de la Plaza de Safo sigue grabada en la memoria de muchas personas. Les residentes locales lanzaron ataques durante toda la noche contra una multitud de personas migrantes—en su mayoría familias—que simplemente trataban de protestar por las condiciones de vida en el Centro de Detención de Moria y por los retrasos extremos en los procedimientos de asilo en ese momento. La causa inmediata de la protesta fue la muerte de uno de sus compatriotas por problemas médicos—algo que muchas personas atribuyeron a las condiciones imperantes en el Campamento de Moria. Era la octava muerte de una persona migrante en lo que se conoció en la memoria colectiva local y mundial como el ‘Hell of Moria’ (Infierno de Moria).
Quedó claro que el ataque no fue un suceso espontáneo, sino el resultado de una planificación previa y de un llamamiento a la acción por parte de un grupo nacionalista que operaba bajo el nombre de ‘Patriotic Movement’ (Movimiento Patriótico). Este grupo había instado a las personas residentes locales a asistir a la habitual ceremonia de arriado de bandera por parte de una unidad militar griega en una zona cercana, y a estar “preparadas para todo”. En los días previos al ataque, habían aparecido en las redes sociales diversas quejas y amenazas contra la presencia de las personas migrantes que protestaban en la plaza principal de Mitilene, difundidas por conocidos círculos de extrema derecha de la isla e incluso por personas integrantes del gobierno local. A pesar de ser consciente de la escalada de tensión y de las probables reacciones de las personas residentes, la policía no logró impedir los ataques. Aunque se movilizó a un gran número de personas agente, ellas permanecieron en gran medida pasivas durante la mayor parte de los ataques, limitándose a formar un perímetro de protección alrededor de las personas migrantes que protestaban. Algunas personas integrantes de la policía también fueron blanco de la turba de extrema derecha, y un pequeño número de agentes resultaron con heridas o sufrieron daños en su equipo de protección.
Una vez finalizados los actos y dispersados las personas atacantes de extrema derecha a primera hora de la mañana siguiente, las autoridades griegas detuvieron a 120 personas migrantes y a dos personas simpatizantes griegas, y presentaron cargos contra ellas—pero todos fueron absueltos un año después.
En noviembre del 2018, tras meses de investigación, el Departamento de Policía de Lesbos identificó a 26 posibles autores, que fueron procesados. En noviembre del 2022, el Consejo de Jueces de Faltas de Mitilene dictó un auto remitiéndoles a juicio por una serie de delitos graves y delitos menores, en algunos casos con el agravante de infringir el artículo 81A del Código Penal (82A en el nuevo Código Penal), por delitos con características racistas.
En el juicio en primera instancia, que concluyó el 8 de julio del 2024—seis años (!) después de los hechos—el Tribunal de Apelación de Delitos Menores de tres miembros de Mitilene condenó a 21 de las 26 personas acusadas, reconociendo el móvil racista en algunos casos. Las personas condenadas, que no mostraron ningún remordimiento e incluso expresaron opiniones racistas en la sala, recibieron penas de prisión suspendidas y redimibles que oscilaban entre uno y seis años.
En el juicio de apelación, tras tres sesiones judiciales, la audiencia concluyó la tarde del 5 de junio en el Tribunal de Apelación de Delitos Menores de tres miembros de Mitilene. En ausencia de la mayoría de los testigos de cargo y con la memoria “borrosa” de muchos testigos de la policía—que se limitaron a remitirse a sus testimonios iniciales y de primera instancia—las 15 personas acusadas que comparecieron o estuvieron representadas recibieron un trato claramente más favorable. El tribunal no reconoció un motivo racista, ni abordó específicamente los ataques llevados a cabo contra las personas migrantes, absolviendo a las personas acusadas de esos cargos.
Sin embargo, a pesar de la recomendación del fiscal de absolver totalmente a la mayoría de ellas (!), 10 de las personas acusadas fueron declaradas culpables de alteración simple del orden público, en virtud del Artículo 189 del Código Penal, y fueron condenadas a penas de entre 6 y 7 meses. Una de ellas—la más joven, quien había sido suspendida de la Fuerza de Fronteras a la espera del resultado del juicio—se le concedió el atenuante de “edad posterior a la adolescencia”, y su condena se convirtió en multa, lo que le permitió reincorporarse al servicio. Otras cuatro personas, acusadas de alteración del orden público con agravantes, fueron condenadas a 9 meses de prisión. Todas las condenas fueron suspendidas durante tres años.
De este modo, los tribunales griegos han concluido el juicio sobre los sucesos de la noche del 22 de abril del 2018, en la plaza central de la isla. La violencia ciega y organizada dirigida contra familias migrantes que solo buscaban un trato humano fue tratada como un simple altercado entre grupos enfrentados. Puede que el tribunal no haya sido capaz de reconocerlo, pero en la memoria colectiva de todas las personas, aquellos ataques permanecen grabados como el asalto racista más violento y uno de los momentos más oscuros de la historia de la Isla de Lesbos—y más allá.
