Hace una década, en el verano del 2015, la isla griega de Lesbos se convirtió en el epicentro de la “crisis de personas refugiadas” en Europa. Las imágenes de las personas residentes locales haciendo todo lo posible por ayudar a las personas que llegaban por mar se difundieron por todo el mundo. Poco después, una gran variedad de ONGs y personas voluntarias independientes llegaron a la isla para unirse al esfuerzo. Se salvaron muchas vidas – pero les actores locales quedaron en los márgenes, lo que dejó un regusto amargo. Para algunas personas, ese amargor se convirtió en desconfianza y se extendió una extraña narrativa: que detrás de las llegadas se escondían grandes intereses económicos e “intereses especiales”.
ECAP ya estaba allí. Un pequeño grupo de nosotres había llegado en el 2014, tras enterarnos de que se estaba cometiendo una grave injusticia en los tribunales de las Islas Egeas. Las personas migrantes, a menudo personas que buscaban asilo – estaban siendo utilizadas como chivos expiatorios y acusadas de ser “traficantes de personas” y condenadas a cadena perpetua en juicios ficticios, que en ocasiones no duraban más de quince minutos. Las personas fiscales y les jueces asumían lo peor de las personas acusadas. Nos parecía que estas tenían necesidad de represalias.
En medio de la urgencia del momento, cuando miles de personas llegaban sin comida, ropa ni refugio, estos casos se trataban como marginales. Muchas de las ONGs que trabajaban en las islas los consideraban desafortunados, pero secundarios. A veces, parecía como si la figura del «traficante» fuera tan imponente, tan incuestionable, que algunas personas no creían que se estuviera cometiendo ninguna injusticia. Así que ECAP comenzó a recopilar pruebas, supervisar juicios y entrevistar a personas prisioneras, con el fin de construir un caso que pudiera persuadir a personas en la defensoría legal y a las personas legisladoras para que intervinieran.
Finalmente, las autoridades de Lesbos ampliaron su red. Estaban convencidas de que alguien debía estar dirigiendo las llegadas desde la costa griega. Buscaron a les organizadores y les encontraron, en su opinión, entre las agencias extranjeras que habían llegado en masa. La policía comenzó a interpretar prácticamente todo lo que hacían estos grupos como prueba de tráfico de personas. En el 2018, detuvieron a 24 personas que trabajaban en búsqueda y rescate, acusadas de facilitar la entrada ilegal, entre otros crímenes.
Esas 24 personas ya han comparecido ante los tribunales en numerosas ocasiones por delitos menores, todos los cuales fueron desestimados tras años de procedimientos. Ahora se están juzgando sus delitos graves. En una audiencia reciente, escuchamos el testimonio del Jefe de la Dirección de Seguridad de la Policía de Lesbos – el hombre que construyó el caso contra ellos. Aunque profesaba amor y respeto por las personas acusadas y afirmaba que su propio humanitarismo superaba al de ellas, él declaró ante el tribunal: cuando se ayuda a las personas migrantes a llegar a la costa, se está ayudando a las personas traficantes. Es difícil entender cómo alguien puede llegar a tal conclusión.
El juicio se reanudará el 15 de enero, y ECAP estará allí para supervisar e informar desde la sala del tribunal. Les pedimos que sigan el caso con nosotres. Por favor compartan la noticia. Amplifiquen el mensaje: salvar vidas no es un delito.
