Desde hace años, las políticas migratorias y la “gestión de fronteras” en Grecia se basan en las expulsiones de personas migrantes y la criminalización de las personas que se desplazan. En el discurso público prevalece la idea de que estamos sufriendo una invasión híbrida – una amenaza asimétrica – y necesitamos que la Guardia Costera Helénica nos proteja constantemente, dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para impedir que la gente llegue a Grecia y a la Unión Europea.
Al mismo tiempo, el Gobierno se niega con arrogancia a reconocer la existencia de las expulsiones de personas migrantes, a pesar de la creciente acumulación de pruebas, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los informes de organismos independientes de derechos humanos, tanto internacionales como nacionales.
Aunque el Gobierno no puede admitir abiertamente que está infringiendo el derecho internacional, sí que debe dejarlo suficientemente claro: está dispuesto a hacer “todo lo posible”. Esto refuerza una narrativa según la cual matar a personas migrantes en el mar se convierte en algo aceptable.
Hace casi un año, el 3 de abril del 2025, la Guardia Costera griega atacó una embarcación con 31 personas a bordo cuando se acercaba a la costa de Lesbos. Veintitrés de ellas sobrevivieron, se recuperaron siete cadáveres y un niño sigue desaparecido. En Lesbos aún recordamos cómo se informó en las noticias sobre una operación de rescate, cómo se silenciaron los testimonios de las personas sobrevivientes y la rapidez con la que la policía encontró a alguien a quien imputar.
El 5 de marzo de este año, M. H. compareció ante el tribunal, acusado no solo de pilotar la embarcación en la cual viajaban él y su familia, sino también de provocar un naufragio y de homicidio involuntario. Se le imputó la responsabilidad por la muerte de ocho personas, a pesar de que entre ellas se encontraban su esposa y su hijo de dos años. Durante el juicio, se presentaron varios testimonios escritos, que se leyeron en voz alta y se centraban en las amenazas a las que M. H. y su familia habían sufrido antes de aceptar pilotar la embarcación. Además, las personas sobrevivientes también describieron cómo, cuando la Guardia Costera Helénica llegó a su embarcación, golpearon a las personas pasajeras con palos largos, cómo no hicieron nada para rescatarlas y cómo se quedaron allí, viendo cómo la gente se ahogaba ante sus ojos. En ausencia de las personas testigo de la acusación (que prefirieron no comparecer) y tras el examen de todas las pruebas presentadas por la defensa, M. H. fue absuelto de todos los cargos – por unanimidad y sin lugar a dudas.
Ese día no fue el único caso que se vio en el tribunal. Antes de su juicio se juzgaron otros cuatro casos contra personas acusadas de “contrabando”, dos de las cuales también estaban acusadas de provocar un naufragio y la muerte de varias personas. El caso de M. H. tuvo una gran repercusión mediática, quizá debido al elevado número de víctimas mortales o a que los testimonios de las personas sobrevivientes habían llegado a los medios de comunicación. Estos otros casos no salieron en las noticias, ni tampoco los arrestos. Morir en el mar ya no es noticia. Estos casos ya ni siquiera se consideran “tragedias”, sino simplemente “daños colaterales” de la guerra contra la migración.
La primera vista judicial se celebró contra una persona que fue detenida un mes después de que se produjera el naufragio. Este naufragio no solo no llegó a los titulares, sino que ni siquiera apareció en la página web de la Guardia Costera Helénica. La única información oficial que se pudo encontrar procedía de la Guardia Costera Turca, que publicó un breve comunicado sobre una operación de rescate en la que se recuperaron cuatro cadáveres y se rescató a otras dos personas que habían “caído de la embarcación en la que viajaban” en aguas turcas cercanas a Lesbos. Al parecer, el resto de las personas que viajaban en la embarcación lograron llegar a Grecia ese mismo día. Un mes después, una persona fue detenida y acusada de provocar un naufragio, a pesar de haber llegado a Lesbos unas semanas después del incidente por el que se le imputaban los cargos. Aunque las pruebas eran incoherentes y contradictorias, la fiscalía solicitó que se le declarara “culpable de todos los cargos”. Sin embargo, al final, gracias a los esfuerzos de la persona en su defensa jurídica, el tribunal decidió absolverlo.
En los demás casos, las personas acusadas, todas ellas representadas por personas en la defensa jurídica de oficio, fueron declaradas culpables de todos los cargos.
Eso fue solo un día en los tribunales. Las personas en tránsito, acusadas de “contrabando”, se amontonan en las cárceles griegas, y siguen llegando cadáveres a nuestras costas. Estos son los resultados de la aplicación, por parte de Grecia y la UE, de la “gestión migratoria”, un modelo que encarcela a las personas, no solo en prisiones penales, sino también en todos los centros de internamiento repartidos por las islas griegas. Aquí, las personas deben vivir en centros sometidos a una estrecha vigilancia, a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo, sin saber cuánto tiempo tendrán que esperar. Ahora, con la última modificación de la legislación griega, a quienes se les deniegue la solicitud se les imputarán cargos por “permanencia ilegal”, lo que también les llevará a centros penitenciarios.
Llenar las cárceles de personas migrantes y construir campamentos en lugares aislados, dentro de instalaciones de alta seguridad similares a prisiones, contribuye a la deshumanización constante de las personas en movimiento, las “otras” personas, las personas “delincuentes” a las que hay que contener y encarcelar. Cuando este discurso se arraiga en una sociedad, matar a personas en el mar ya no es un delito, ni siquiera un desafortunado accidente, sino la consecuencia lógica de la “protección de nuestras fronteras”.
Vivimos en una sociedad que ya no cuestiona las prácticas violentas de la Guardia Costera Griega; una sociedad en la que la muerte de personas migrantes se ha normalizado e incluso se considera una medida necesaria.
Pero no aceptaremos que se normalice la muerte, ni nos convertiremos en personas testigo silenciosas de los asesinatos. Debemos conservar el recuerdo de cada una de esas muertes, seguir hablando de la situación a la que se enfrentan las personas que se desplazan – en Grecia y en todas las demás zonas fronterizas de Europa – y mostrar solidaridad con ellas.
