COLOMBIA CARTILLA: El Paro Nacional

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redECAP
26 augusto 2013
COLOMBIA CARTILLA: El Paro Nacional

 

 

A
partir del lunes, el 19 de agosto, varios sectores de la sociedad
colombiana se juntaron en un paro nacional. El paro, que sigue tomando
lugar en ciudades y zonas rurales en varias partes del país, involucra
campesinos agropecuarios, mineros artesanales, sindicatos cafeteros,
camioneros,  estudiantes, maestros y trabajadores de la salud. ECAP ha
estado presente con las comunidades que llevan a cabo el paro en Segovia
y Remedios, en el nordeste antioqueño. Lo que sigue es una cartilla
corta sobre el porqué del paro, el contexto histórico de las
manifestaciones, y lo que han exigido los manifestantes al Estado.

Una deuda histórica

Colombia
es un país profundamente dividido por la inequidad económica. Esta es
especialmente impactante cuando se viaja entre una ciudad y una zona
rural: el 64%
de la población vive en la pobreza, en comparación con el 39% en las
ciudades. Casi la mitad de los colombianos en zonas rurales viven en la
pobreza extrema, definida por subsistir en menos que COP 2.000 diariamente. En total, más que 15 millones  de colombianos viven en la pobreza, la mayoría de ellos en las zonas rurales.

Colombia también alberga cinco millones
personas desplazadas, un número igualado en la planeta solamente con el
Sudán. Esto se suma a uno de cada diez colombianos, todos desplazados
en los últimos doce años a campamentos de refugiados, barrios populares,
y alojamientos temporales. Las mujeres, los afrodescendientes, y los
indígenas tienen niveles más altos del desplazamiento que los otros
sectores.

Pero Colombia también es un país
de gran riquezas y un PIB que se va aumentando. Desgraciadamente, los
pobres no han visto los beneficios de este aumento. El país el segundo
más desigual
en el hemisferio occidental; sigue solamente a Haití. Es el octavo país
en desigualdad en todo el planeta. En las zonas rurales, esta
desigualdad se manifiesta más obscenamente en la propiedad de tierras:
el 0,4% de los terratenientes tienen el 61%
del territorio rural, y esta concentración de tierras se sigue
aumentando con los niveles de inversión directa del extranjero, que han
subido en los últimos quince años.

La ola reciente de Tratados de Libre Comercio solo ha empeorado la situación. Oxfam
y otros estimaron que el TLC con los EE.UU., que entró en vigor en el
2012, significaría que los campesinos rurales perdieran hasta el 70% de
sus ingresos. Los niveles del desplazamiento ya han incrementado desde que el TLC entró en vigor.[1]

Como escribieron los organizadores del paro en el primer día de la manifestación, hay una

“… deuda
histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. [H]emos
logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de
la realidad son letra muerta, en algunos casos su pretexto del déficit
presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de
abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni el
mejoramiento de nuestra calidad de vida.

Adicional a
ello se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativa en materia
de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios
públicos que favoreciendo intereses del capital va en contra de los
intereses del pueblo. La tercera parte de la población rural vive en
pobreza extrema… el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en
ellos vive el 31,6% de la población.

En nuestra
realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y
dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente
política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política
minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros
pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de
inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y
servicios públicos se refiere.

El artículo
65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define ‘La producción
de alimentos gozará de la especial protección del Estado.’ Sin embargo,
la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad
alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y
rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de
inseguridad alimentaria; el 20% de los niños menores de cinco años en
situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición
aguda. Según la Defensoría del Pueblo el 40,8% de la población total en
el país se encuentra en condiciones de inseguridad alimentaria. Ante
las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones,
audiencias, hemos hecho uso de derecho legítimos a la protesta llegando a
acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e
incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que
se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la
sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos se ha sido incumplido de
manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.”

Las Ganancias de la Gran Minería de Oro

La inversión extranjera hecho por
las industrias extractivas en Colombia ha aumentado ampliamente en los
últimos quince años, debido en parte a una reducción de la actividad
guerrillera,que hace que la gran minería sea más rentable y menos
riesgosa para las multinacionales. Debido a estos cambios, y en
respuesta a un aumento en el precio del oro durante la crisis económica
mundial, la producción del oro en el país se ha triplicado
desde el 2006. Pero a pesar de la gran expansión de la minería en el
país, la mayoría de los proyectos mineros quedan en la etapa de
exploración, con las multinacionales haciendo cola para pedir
concesiones en las zonas rurales. En las palabras de un analista de finanzas
en los EE.UU., Colombia “no ha sido explorada por décadas debido a la
guerra con la guerrilla y otros problemas. Por esto, creo que hay mucha
más oportunidad allá [que en los otros países que producen el oro].”

Ese afán ha traído un aumento del 640%
 en la inversión minera de las multinacionales desde el 1999. Los
gastos del gobierno en el desarrollo de la infraestructura se concentra
en las áreas bajo exploración por multinacionales, y hasta se ha
reportado que 40% del territorio rural está abierto para concesionar a multinacionales. Estas estadísticas, juntos con el nuevo código minero
(partes de cual, se rumora, fue escrito por la empresa minera AngloGold
Ashanti) que reduce las restricciones en la minería para
multinacionales, dibujan un imagen clara de un Estado rentista que está
preparando una pista de aterrizaje para el capital extranjero para
apropiarse del patrimonio nacional, mientras los residentes de las zonas
donde hay oro viven sin vías, saneamiento, o infraestructura social.
(Véase la reflexión de Pierre Shantz, que discute las ganancias mineras en Segovia, Antioquia.)

Es más. La coyuntura económica
toma lugar en el contexto de un conflicto armado, que, contrario a la
narrativa nacional, no se ha acabado. La gente en el campo en particular
sigue siendo afectada por las depredaciones de los grupos armados
legales e ilegales, como escriben manifestantes en Antioquia:

“[Vivimos
en] regiones olvidadas por el Estado Colombiano, donde el conflicto
social y armado se ha vivido con más intensidad, dejando centenares de
familias sin tierra, despojados y desarraigados de sus territorios,
invadidos por el militarismo y los planes de consolidación territorial, a
la par de la alta presencia de empresas transnacionales y
multinacionales que potencializan el accionar de grupos paramilitares y
delincuenciales en los campos colombianos y que han sometido a la
población rural y urbana a la crisis humanitaria por décadas.

Las
ejecuciones extrajudiciales, la estigmatización y el señalamiento de
líderes campesinos, los bloqueos económicos y sanitarios, los
ametrallamientos y bombardeos indiscriminados, por parte de las Fuerzas
Militares, son otras de las formas de violencia que han tenido que
padecer campesinos y campesinas de la región, y han sido estas, las
únicas muestras de presencia que ha hecho el Estado Colombiano en estos
territorios.”

Las Exigencias de los Movimientos Sociales

En resumen, mientras que la
inversión extranjera directa (IED) sigue aumentando en Colombia,
especialmente en el sector de la minería del oro, las comunidades
locales—muchas de cuales han sobrevivido en la minería artesanal por
siglos—no han visto los beneficios del influjo de capital, y en su lugar
han padecido más violencia, desplazamiento, y pobreza mientras las
multinacionales llenan sus bolsillos, ya pesados.  El gobierno de Santos
se ha negado a discutir la inversión extranjera o el modelo económico del comercio libre en las negociaciones con las FARC-EP.

Como respuesta, organizadores del Paro Nacional han publicado una lista de seis exigencias específicas que hacen al Estado.[2] Estas incluyen:

  1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis
    de la producción agropecuaria.Exigimos acceso a la propiedad de la
    tierra.
  2. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
  3. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros
    pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política
    minera.
  4. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
  5. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.”

Los organizadores concluyen: “De parte
nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar en diálogo y
conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuaria y Popular
(MIA), escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego
de peticiones y llegar a acuerdos.”

Para seguir los desarrollos en el Paro Nacional, véase nuestra página de Storify, donde recogemos las noticias y avances del paro.

Para más información sobre los asuntos de la gran minería en Colombia (en ingles), véase a este informe por Peace Brigades International, y este informe por la U.S. Office on Colombia.


[1] Los agricultores y exportadores estadounidenses, por el otro lado, esperan ver ganancias significantes.

[2] Cada exigencia tiene una lista extensiva de sub-puntos; por favor véase el documento original para más detalles.

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