El juicio de cuatro de los seis jóvenes Afganos—todos adolescentes, todos de origen Hazara—acusados de incendiar el campamento de Moria en septiembre pasado; conocidos colectivamente como los 6 de Moria, se llevó a cabo el 11 de junio del 2021 en la Isla de Quíos. Aunque cinco de los seis eran menores, solo dos de ellos fueron reconocidos como tales y fueron juzgados en el tribunal de menores de Mitilene. El caso de estos dos se conoció en marzo del 2021 y fueron condenados a cinco años de prisión cada uno.
Los cuatro restantes fueron juzgados por «incendio provocado que puso en peligro la vida de un número indeterminado de personas», «destrucción de bienes públicos» y «pertenencia a un grupo delictivo». Antes del juicio, más de setenta grupos solidarios y organizaciones no gubernamentales firmaron una convocatoria abierta más de setenta grupos solidarios y organizaciones no gubernamentales firmaron una convocatoria abierta para un juicio justo y transparente.
El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, y solo se permitió un máximo de 15 personas en la sala, aparentemente debido a las medidas por el Covid-19. Las autoridades impidieron la entrada a un equipo de observación legal internacional acreditado; así como a varias personas periodistas. Sin embargo, los cuatro imputados iban acompañados por al menos seis policías. Escandalosamente, el equipo de la defensa jurídica fue sometido a un minucioso registro al ingresar al juzgado.
El tribunal comenzó con tres objeciones procesales de les abogades. La primera de ellas, fue que tres de los cuatro jóvenes debían ser juzgados en un tribunal de menores porque tenían menos de dieciocho años en el momento del incendio. Aunque la defensa presentó ante el tribunal varios documentos que acreditaban su edad, el tribunal los rechazó, acreditando en cambio a un científico social «experto» con experiencia en criminología y antropología, quien afirmó que eran adultos sobre la base de un examen de rayos X. Este científico social no tenía antecedentes médicos ni autoridad para hacer tal evaluación. La segunda objeción, también rechazada, fue que la notificación judicial dada a los acusados estaba en griego y no estaba traducida a un idioma que los jóvenes pudieran entender. La tercera objeción, nuevamente rechazada y que determinó la suerte del caso, fue la solicitud de que no se tomara en cuenta el testimonio del único testigo ocular por no estar presente en el tribunal y no se había intentado encontrarlo.
De los 31 personas que eran testigos y que fueron llamadas a interrogatorio, quince asistieron a la audiencia, incluidos policías y bomberos, residentes de la aldea de Moria que perdieron propiedades en sus tierras como resultado del incendio, empleades de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés) y empleades de organizaciones no-gubernamentales quienes habían presenciado el incendio de cerca. Todas sus narrativas fueron contradictorias. Los imputados fueron acusados de iniciar un incendio el 8 de septiembre del 2020 en una sección del campamento que, según el informe del Departamento de Bomberos, no se quemó hasta el día siguiente. Todas las personas que fueron testigos de la fiscalía tenían diferentes relatos de estos caóticos días. El único punto de acuerdo fue que ninguna de las personas que fueron testigos conocía a los cuatro acusados.
Entonces, ¿por qué arrestaron a estos jóvenes? ¿Dónde estaba esta persona que fue testigo de la fiscalía, cuyo testimonio se leería a pesar de su ausencia, como sucedió durante la audiencia de marzo del 2021 para los dos menores co-acusados? Desde el 2016, les informantes de la policía que viven en el campamento de Moria han roto protestas masivas o han ayudado a que el estado procese su caso han puesto fin a las protestas o han ayudado a que el estado procese su caso. El sistema, que vuelve hostil a una persona migrante en contra de la otra, premia a la persona colaboradora con un procedimiento de asilo acelerado y con la capacidad de salir de las islas hacia el continente mucho más rápido. Esta persona que fue testigo, salió de Grecia por el precio de seis vidas destruidas.
¿Es una coincidencia que los seis jóvenes sean del grupo étnico Hazara? La persona que fue testigo, es una persona que tuvo liderazgo en la comunidad Afgana en el campamento de Moria, y era una persona miembro de la comunidad Pashtún. La persecución de les Hazaras está ahora nuevamente en la agenda, bajo el nombre de genocidio. Desafortunadamente, su persecución no tiene fronteras. A principios del 2020, junto con las personas de los estados Africanos, les Hazaras fueron las personas que más sufrieron por el aumento de los incidentes de violencia dentro de los campamentos. El 21 de abril del 2020, la comunidad Hazara se manifestó contra la violencia a la que se enfrentaban, tras la muerte de un niño Hazara de 16 años que fue apuñalado durante una pelea y otras cuatro personas más resultaron gravemente heridas. Por supuesto, la relación entre los grupos Hazara y Pashtún es demasiado profunda para cubrirla en el alcance de este artículo; pero sería igualmente inútil esperar que este conflicto, de más de un siglo de antigüedad, se resuelva en un campo infernal en Europa, entre los barrotes de una prisión.
Varios de las personas que fueron testigos de la defensa presentes en el tribunal, manifestaron sentirse humillades por el trato que recibieron y que se les habló de manera agresiva, haciéndoles sentir que casi habían iniciado el fuego elles mismes. Cada vez que una persona que fue testigo mencionaba las condiciones en el campamento de Moria, era interrumpida por las afirmaciones, tanto del fiscal como del jefe del tribunal, de que las condiciones no tenían nada que ver con el caso. Un testigo, experto en las relaciones Hazara-Pashtún, explicó la historia de tensión entre las comunidades Hazara y Pashtún. Su declaración no fue tomada en cuenta. Recibió una respuesta escalofriante: “¿No es usted un Hazara? ¿Cómo sabemos que no odia a les Pastunes y culpa al líder Pashtún? Otra persona que fue testigo, empleada de una ONG con nacionalidad que no es Griega, fue interrumpida por la pregunta: «¿Qué diría sobre la responsabilidad de su propio gobierno aquí?» Una persona periodista griega fue agredida con las palabras: «Si es una buena persona periodista, ¿por qué no pudo averiguar quién inició el incendio?» El último testigo, un profesor de sociología de la Universidad del Egeo, intentó hablar sobre las condiciones en el campo de Moria. El tribunal le preguntó: «¿Acepta que todo esto es un problema europeo?»
Al final de la primera jornada de 12 horas, se llevaron a los cuatro jóvenes en coches de policía. Las personas que nos solidarizamos con ellos cantamos Azadi (Libertad), acompañado del lema griego: “Το πάθος για τη λευτεριά, είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά” (La pasión por la libertad es más fuerte que todas las jaulas). El veredicto llegó al día siguiente, sábado 12 de junio, alrededor de las 15:00. Todos los adolescentes fueron condenados a diez años de prisión. Fueron declarados culpables de todos los cargos, excepto de pertenencia a un grupo delictivo. Los extraordinarios esfuerzos del equipo de defensa habían fracasado. Según las personas que sirvieron como sus abogades, expresaron fuera del tribunal después del veredicto, «esta decisión injusta es incluso peor que el castigo porque mata la ley y niega su propia existencia».
Está claro que la policía hará todo lo posible para desmantelar la solidaridad con les migrantes criminalizades. Cuando desembarcamos del ferry de Lesbos a Quíos, los oficiales de la autoridad portuaria solo apuntaron a aquelles de nosotres que viajábamos para estar con los acusados, llevándonos para «controles de rutina» tomando nuestros pasaportes y anotando nuestra información. Más tarde, aparecio un articulo en la prensa griega que difamaba a las personas partidarias de la corte por estar sujetas a investigaciones policiales por «espionaje», «tráfico ilícito de migrantes» y «otros cargos criminales».
El 22 de junio comenzó el juicio de 15 jóvenes en el tribunal de Mytilene, Lesbos. Conocidos como los Vial 15, fueron considerados responsables del incendio que estalló en el campamento de Vial en Chios en abril del 2020. Una vez más, les integrantes del equipo de Solidaridad con Migrantes en la Región Egea enfrentaron acoso policial por intentar monitorear el procedimiento judicial. Está claro que la realización de juicios en diferentes islas del Egeo es una táctica para dividir la solidaridad. A pesar de esto, integrantes del movimiento de solidaridad con les migrantes de Lesbos asistieron al juicio, junto con abogades defensores de Samos y Chios. Aunque se está criminalizando a abogades, activistas y defensores de los derechos humanos por buscar justicia, estas dinámicas opresivas están conectando a las personas y fomentando la solidaridad entre las islas.
Lea más sobre la criminalización sistemática de les migrantes en nuestro informe, ‘Incarcerating the Marginalized (Encarcelar a las personas marginadas)’
