Samos, Grecia – N., un afgano de 25 años, es el primer solicitante de asilo en ser acusado en Europa por la muerte de su hijo cuando todo lo que él quería brindarle era seguridad. Se enfrenta a hasta diez años de prisión por “poner en peligro la vida de su hijo” al ponerlo en un barco de personas refugiadas a Europa.
“Esta medida sienta un preocupante precedente en la criminalización de las personas inmigrantes, ya que puede aplicarse a todas las familias que llegan a Grecia”, comenta Dimitris Choulis, abogado de #Samos2.
N. está siendo juzgado junto con Afghan Hasan, de 23 años, quien fue arrestado junto con él en la fecha del 8 de noviembre del 2020. Cuando huyeron de Turquía a través del mar Egeo, el contrabandista abandonó el barco y Hasan se quedó a cargo del timón. En base a esto, se acusa a Hasan de contrabando y, por lo tanto, se le acusa de «transportar a 24 nacionales de un tercer país al territorio griego sin permiso», con las circunstancias agravantes de «poner en peligro la vida de 23» y «causar la muerte de uno» – el hijo de N. Se enfrenta a cadena perpetua por la muerte del niño y otros 10 años de prisión por cada persona transportada, lo que suma un total de 230 años más cadena perpetua.
Más de 70 organizaciones de toda Europa han lanzado la campaña “The real crime is the border regime – Free the #Samos2 (El verdadero crimen es el régimen fronterizo – liberen a los #Samos2”, pidiendo que se retiren los cargos contra N. y Hasan. Las organizaciones denuncian esta criminalización a gran escala de las personas migrantes que, ante la falta de rutas de vuelo legales, no tienen más remedio que arriesgar sus vidas en viajes cada vez más peligrosos.
“Estas detenciones no pueden interpretarse de otra manera que como un intento sistemático de disuadir a la gente de llegar. Las autoridades saben muy bien que las personas detenidas son refugiadas. Pero les convierten en chivos expiatorios de las tragedias de los barcos que, de hecho, son el resultado inevitable de las fronteras militarizadas”, critica Julia Winkler, de la organización ‘borderline-europe’, que ha seguido muchos de estos casos en los últimos dos años.
Hasan fue acusado a pesar de que otros pasajeros, incluido N., afirmaron que Hasan simplemente tomó el volante porque alguien tenía que hacerlo.
“No importa cuántas veces lo repitas, no fue culpa del conductor. Él es solo un migrante y su familia también estaba allí, él no hizo nada malo, él no tiene la culpa. Solo pido esto, quiero que esta persona sea liberada”, dice N.
“Somos solo personas migrantes y cuando las personas migrantes quieren venir, los contrabandistas no vienen. Obligarán a las personas migrantes a llevar el barco a su destino ellas mismas, sepan o no conducir un barco”, afirma Hasan.
Si bien el caso de N. constituye el primero de su tipo, los cargos de “contrabando” presentados contra Hasan no son un incidente aislado. Según lo documentado por ‘CPT – Aegean Migrant Solidarity’ (ECAP – Solidaridad con Migrantes en la Región Egea), ‘borderline-europe’ y ‘Deportation Monitoring Aegean’, la policía rutinariamente arresta a una o dos personas por bote que llega. Según cifras oficiales del Ministerio de Justicia griego, las personas solicitantes de asilo condenadas por tráfico de personas representaban la segunda categoría más grande de personas reclusas en Grecia.
Detenidas inmediatamente después de su llegada, la mayoría de ellas no tienen acceso a asistencia legal adecuada, y mucho menos a apoyo externo. Dado que la ley griega tiene penas particularmente draconianas para el contrabando, esto da como resultado que las personas que vinieron a Europa en busca de seguridad sean castigadas con más severidad que las personas asesinas y terminen tras las rejas durante décadas.
