Les protectores del agua siguen luchando contra los cargos penales más de tres años después de que la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) detuviera a decenas de personas que se resistían a la construcción del gasoducto Coastal GasLink (CGL, por sus siglas en inglés) en territorio no cedido de las personas Wet’suwet’en. En enero del 2024, el Juez Michael Tammen del Tribunal Supremo de Columbia Británica declaró a Sleydo’ (Molly Wickham), Shaylynn Sampson y a Corey Jocko culpables de desacato al tribunal por bloquear la construcción del oleoducto desafiando una orden judicial. Sleydo’ es una Jefa Wet’suwet’en Wing de la casa ‘Cas Yikh’ y portavoz de ‘Gidimt’en Checkpoint’. Sampson y Jocko pertenecen a las naciones ‘Gitxsan’ y ‘Kanien’kehá:ka’ (Mohicana).
En diciembre, elles concluyeron otra fase de audiencias judiciales en las que pretendían que se suspendieran o desestimaran sus cargos por abuso de proceso relacionado con violaciones de derechos cometidas por la ‘RCMP’. En noviembre del 2021, decenas de agentes de la ‘RCMP’ asaltaron el bloqueo, incluidas unidades tácticas armadas con rifles y perros. Les agentes utilizaron motosierras para derribar las puertas de dos cabañas, bromearon con golpear y gasear a las personas protectoras del agua y se burlaron de ellas a través de canales de radio abiertos. La policía llegó a detener a las personas protectoras del agua durante varios días en condiciones punitivas e inhumanas. El superintendente de la ‘RCMP’, Elliott, admitió que el comportamiento de les agentes fue “poco profesional e inaceptable”.
El grupo de trabajo de la ‘RCMP’ desplegó el ‘Community-Industry Response Group’ (Grupo de Respuesta Comunidad-Industria, C-IRG, por sus siglas en inglés), una unidad creada en el 2017 encargada de vigilar las protestas contra la extracción de recursos. Entre el 2019 y el 2022, la ‘Civilian Review and Complaints Commission’ (Comisión Civil de Revisión y Quejas, CRCC, por sus siglas en inglés) de la ‘RCMP’ recibió más de 500 quejas sobre el ‘C-IRG’. La revisión de estas quejas por parte de la ‘CRCC’ condenó la práctica del ‘C-IRG’ de establecer puntos de control fronterizos y “zonas de exclusión” para restringir el acceso del público a los lugares de resistencia. Sin embargo, no abordó en profundidad los múltiples casos de brutalidad policial registrados. Debido a la presión pública, en el 2023 la ‘CRCC’ inició una investigación sobre la gobernanza, la estructura y el funcionamiento del ‘C-IRG’. Tras la investigación, el ‘C-IRG’ pasó a renombrarse ‘Critical Response Unit’ (Unidad de Respuesta Crítica) y se le concedió un mandato ampliado para vigilar “acontecimientos civiles y de orden público”.
Las negociaciones entre les jefes hereditarios Wet’suwet’en y el gobierno canadiense sobre las cuestiones fundamentales de la soberanía y de la gobernanza siguen sin concluir. El gobierno canadiense busca un acuerdo que extinga las reivindicaciones de soberanía de las personas Wet’suwet’en, mientras que les jefes hereditarios buscan el reconocimiento de su soberanía y jurisdicción.
Por favor oremos por:
- Sanación para las personas protectoras del agua traumatizadas por la brutalidad policial
- El fin de la criminalización de las personas protectoras del agua
- Negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos que reconozcan la soberanía de las personas Wet’suwet’en
- El crecimiento y la resistencia de los movimientos por la soberanía indígena y la ecojusticia
- Un cambio político que se aleje del desarrollo de los combustibles fósiles y se oriente hacia la conservación y el desarrollo sostenible liderado localmente
