17 guardacostas remitidas al juez instructor con cargos graves

Casi dos años después del naufragio del Pylos, se han presentado cargos contra diecisiete personas guardacostas griegas. Publicamos una declaración de la campaña #FreePylos9.
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An aerial surveillance photograph of a distressed boat

Aproximadamente dos años después del crimen de Estado frente a las costas de Pilos, que costó la vida a más de 600 personas, 17 personas integrantes de la ‘Hellenic Coast Guard’ (HCG – Guardia Costera Helénica), entre ellas algunas personas oficiales de alto rango y el entonces comandante del cuerpo—quienes vigilaron el rumbo del Adriana durante más de 15 horas sin iniciar una operación de rescate—han sido remitidas a una investigación judicial formal.

Cabe señalar que el expediente original del caso, compilado por el fiscal competente, sólo remitía a procesamiento al capitán y a la tripulación del buque PPLS 920, así como a las personas integrantes de la Unidad de Misiones Especiales (KEA) que se encontraban a bordo. Esto provocó fuertes reacciones de personas en la defensoría legal que representan a personas sobrevivientes y a víctimas del naufragio del naufragio de Pylos, así como de organizaciones políticas y humanitarias. Tras la conclusión de una investigación por parte de la Defensoría del Pueblo griego y la presentación de sus conclusiones a la Fiscalía del Tribunal Naval del Pireo, el fiscal jefe ordenó una investigación complementaria sobre las posibles responsabilidades penales de otros oficiales de la Guardia Costera de mayor rango.

Tras la realización de este examen preliminar complementario, el Fiscal del Tribunal Naval presentó cargos penales y ordenó una investigación completa:

Para el capitán del buque PPLS 920, los cargos incluyen:

  • Causar un naufragio que pudo poner en peligro la vida humana y provocó la muerte de un gran número de personas (al menos 82 personas);
  • Interferencia peligrosa en el tráfico marítimo, en forma de interrupción de las comunicaciones marítimas mediante acciones igualmente peligrosas para la seguridad de la navegación, que podrían haber puesto en peligro vidas humanas y provocado la muerte de al menos 82 personas;
  • No prestar asistencia por parte del capitán de un buque.

En el caso de la tripulación del PPLS 920, se presentaron cargos penales por simple complicidad en los citados actos cometidos por el capitán.

Además, se presentaron cargos penales contra el entonces comandante de la Guardia Costera, el supervisor del centro de operaciones (Joint Rescue Coordination Center – JRCC) y otros dos oficiales encargados de la vigilancia, y a todos las personas mencionadas de la tripulación del PPLS por exponer a otras personas al peligro—obligación legal de rescatar a quienes lo necesitan—y por dejarlas indefensas, lo que provocó la muerte de al menos 82 personas.

Sin embargo, el expediente del caso excluye al actual Comandante de la Guardia Costera, Tryfon Kontizas, y a otros oficiales implicados en la gestión del incidente. Cabe destacar que el Sr. Kontizas, que en el momento del incidente ocupaba el cargo de Director de Seguridad y la División de Policía de la ‘HCG’ con responsabilidades directas en la operación del día del naufragio, fue ascendido a Comandante de la Guardia Costera en marzo del 2025, incluso cuando aún se estaban investigando posibles responsabilidades penales por su parte.

Dos años después del naufragio de Pylos, los crímenes de Estado contra las personas migrantes—que siguen perdiendo la vida en busca de una vida mejor—van en aumento. Las expulsiones de personas migrantes, las cuales son defendidas abiertamente por el nuevo ministro de Migración, junto con la detención y la privación de los derechos humanos básicos de las personas migrantes que consiguen llegar a Grecia, así como la intensificación de las deportaciones y los retornos “voluntarios”, están creando una realidad distópica.

La exigencia de justicia por el crimen de estado en Pylos es lo menos que debemos a la memoria de las víctimas del naufragio y a sus seres queridos, así como a quienes sobrevivieron y arrastran un trauma indescriptible. También es un punto crítico en la lucha por proteger a las personas migrantes y sus derechos. En un momento en que los gobiernos europeos fomentan la discriminación, el racismo y la explotación, alzamos nuestras voces para exigir un mundo de justicia y de solidaridad.

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