Ha pasado un año desde que tanto el gobierno federal canadiense como la provincia de Ontario impulsaron proyectos de ley – el Proyecto de Ley C-5 y el Proyecto de Ley 5, respectivamente – destinados a “proteger” la economía de Canadá mediante la agilización de los proyectos de extracción de recursos. Estas leyes permiten al gobierno designar “zonas económicas especiales” en las que puede eximir del cumplimiento de regulaciones tales como las normas laborales, las evaluaciones ambientales y los procesos de consulta a los pueblos indígenas. Esto representa una amenaza muy grave para la soberanía indígena y a los derechos derivados de los tratados.
Estos proyectos de ley se aprovechan de una crisis económica para socavar las protecciones ambientales, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales que tanto costó conseguir. Se presentan en un momento en que las personas que viven en Canadá se enfrentan a un aumento en el costo de vida. La brecha entre personas ricas y las pobres sigue creciendo y la polarización política está alimentando la inestabilidad social. En este contexto, los distintos niveles de gobierno están destinando fondos públicos a anuncios propagandísticos que prometen “protección”, “sustentabilidad” y “fortaleza”. La retórica política sobre la igualdad y el progreso ha dado paso a mensajes sobre el dominio político.
En este artículo analizaré los anuncios del gobierno: qué prometen y a qué agenda política sirven. También examinaré el costo financiero y social de estas campañas.
Fuerte. Sostenible. Saskatchewan.
Saskatchewan es hermosa. Crecí en las praderas. Aunque hay muchas bromas sobre que Saskatchewan es plana y aburrida, a menudo me pregunto si esos «comediantes» han estado siquiera allí. La tierra natal de los pueblos ‘Blackfoot’, ‘Plains Cree’, ‘Assiniboine’, ‘Lakota’, ‘Cree’ y ‘Stoney’ es un lugar de colinas onduladas y un cielo que cobra vida con cada atardecer.
El gobierno de Saskatchewan está llevando a cabo una campaña publicitaria con el lema “Fuerte. Sostenible. Saskatchewan”. El lema suena idílico mientras se muestra en pantalla con imágenes de las onduladas colinas de la pradera. Sin embargo, esta campaña publicitaria no tiene como objetivo proteger el paisaje. No tarda mucho en aparecer el director general de ‘Foran Mining Corporation’ (Corporación Minera Foran) para afirmar que sus proyectos están fortaleciendo a Saskatchewan.
En el 2023, 8 abuelas indígenas de la Nación Cree Peter Ballantyne protestaron contra el proyecto en la Bahia de McIlevenna de Foran Mining, cuyo objetivo es extraer 1.5 millones de toneladas de mineral al año. La anciana Eileen Linklater, una de las abuelas, declaró a la ‘CBC’: “Nos preocupa. “El agua, la tierra y las plantas medicinales que hay en ella quedarán destruidas. Los caribúes que deambulan por esa zona y todas las setas y el arroz silvestre que hay allí. Todo quedaría contaminado”. Ella criticó a Foran por no haberse reunido con las personas integrantes de la Primera Nación.
En el comercial del gobierno de Saskatchewan, el director ejecutivo de Foran, Dan Myerson, afirma que “la minería va a desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático”. Este es un argumento que suelen esgrimir las empresas mineras que abogan por la expansión de la extracción de “minerales críticos” utilizados en vehículos eléctricos y otras tecnologías digitales. Rara vez mencionan que estos minerales también son muy solicitados para tecnologías militares, ni hablan de buena gana sobre las emisiones de combustibles fósiles generadas por los proyectos mineros. La extracción de recursos no nos salva del cambio climático, sino que lo agrava. En consonancia con la prioridad federal de acelerar la extracción de recursos, el primer ministro Mark Carney designó a la Mina McIlevenna como uno de los primeros proyectos de “construcción nacional” que se tramitarán por vía rápida para su aprobación.
El gobierno de Saskatchewan ha sido objeto de críticas por el costo de esta campaña publicitaria. En el 2023, cuando Saskatchewan lanzó la campaña a nivel nacional, se dijo que habia costado más de un millón de dólares. En declaraciones a la ‘CBC’, Scott Moe, el primer ministro de Saskatchewan, la defendió como una iniciativa para llegar a otras personas canadienses: “Yo diría que se trata más bien de una inversión para que nuestros compatriotas canadienses sepan qué estamos haciendo aquí y cómo lo estamos haciendo”. Mientras tanto, el sistema de salud de Saskatchewan, agotado y en mal estado, lucha por atender a la población. Ninguna de estas prioridades es sostenible.
Protejamos a Ontario
En el último año, el Gobierno de Ontario ha lanzado dos anuncios financiados con fondos públicos bajo el lema “Protejamos a Ontario”. El gobierno gastó más de $7.5 millones en la promoción del primer anuncio, que se transmitió durante las eliminatorias de las Grandes Ligas de Béisbol. El anuncio promueve la minería en la región del ‘Ring of Fire’ (Anillo de Fuego) como la forma de generar estabilidad económica para Ontario en tiempos difíciles. En línea con la retórica habitual de la industria, se jacta de que Ontario está “dejando al descubierto los minerales esenciales que el mundo necesita”.
El ‘Ring of Fire’ (Anillo de Fuego) es una región del norte de Ontario donde viven varias comunidades indígenas desatendidas. La falta crónica de financiamiento para la infraestructura y los servicios sociales – consecuencia de las políticas coloniales – ha provocado, durante décadas, crisis recurrentes y deliberadas en estas comunidades. Sin embargo, el ‘Ring of Fire’ (Anillo de Fuego) es también una zona rica en minerales que el gobierno de Ontario lleva años interesado en explotar. De acuerdo con los tratados y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cualquier proyecto de desarrollo en tierras indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Si bien dos Primeras Naciones han dado su consentimiento para que la industria acceda al ‘Ring of Fire’ (Anillo de Fuego), la Primera Nación de Neskantanga ha dicho “NO”. De hecho, trece Primeras Naciones han expresado su preocupación por la mineria en el ‘Ring Fire’ (Anillo de Fuego).
A pesar de sus inquietudes, el gobierno conservador de Doug Ford ha seguido adelante. Cuando Ontario aprobó el Proyecto de Ley 5, el ‘Ring of Fire’ (Anillo de Fuego) fue el primer ejemplo que Ford mencionó como una posible “zona económica especial” para un desarrollo acelerado. Las comunidades indígenas y quienes las apoyan han prometido resistir si el gobierno de Ford sigue adelante con este plan, lo que sugiere que habrá disturbios similares a las protestas del 2020 denominadas ‘Shut Down Canada’ (Cierren Canadá), en apoyo a los bloqueos al oleoducto por parte de las personas Wet’suwe’ten.
Al principio pensé que el segundo comercial de ‘Protect Ontario’ (Proteger a Ontario) era una parodia de la política conservadora. Comienza con una toma de niños jugando en un parque infantil y una voz en off que dice:
“Un Ontario más seguro significa parques infantiles sin puntos de inyección de drogas cerca. Significa menos robos de autos gracias a un mayor número de agentes de policía y fiscales. Nuevas cárceles para que las personas delincuentes permanezcan tras las rejas. Espacios públicos sin campamentos. Y una reforma de la fianza que proteja nuestros vecindarios…”
Dada la gran visibilidad que tuvo este comercial durante las transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA, lo he visto un sinfín de veces. Cada vez que lo veo, siento la necesidad de gritar al abismo. Analizar cada una de sus afirmaciones podría ser tema para un artículo en sí mismo. Pero la realidad es que estas políticas de “seguridad pública” ya están haciendo que las personas habitantes de Ontario estén menos seguras.
En marzo del 2025, la provincia cerró nueve centros de consumo seguro; cerró los ocho restantes en junio de este año. Se ha demostrado que los centros de consumo seguro salvan vidas, pero ahora las personas residentes de Ontario que consumen drogas (excepto las que consumen alcohol) se verán obligadas a consumirlas en lugares más aislados e inseguros, lo que provocará un aumento de las sobredosis y de las muertes. Este enfoque no protege a las personas que viven en Ontario. Al contrario: acabará con la vida de las personas residentes de Ontario.
El Gobierno de Ford en Ontario persigue el objetivo de “espacios públicos sin campamentos”, no mediante la financiación de viviendas sociales para las personas sin hogar, sino a través de la intervención policial. Cerca de 200,000 personas y familias de Ontario figuran en listas de espera para acceder a una vivienda social, y a las personas sin hogar se les niega habitualmente el acceso a los refugios, que están llenos. Quienes logran acceder a los centros de acogida suelen considerarlos opresivos e inseguros; ECAP ha documentado violaciones de derechos. Sin embargo, Ford no identifica la crisis de la vivienda como el problema, sino que señala los campamentos como tal. En los últimos años, varias ciudades de Ontario han recurrido a la policía para desalojar los campamentos de los parques públicos. Estos desalojos no solo han desplazado a comunidades, sino que, en ocasiones, han sido increíblemente violentos, como ocurrió en el 2021, cuando la Policía de Toronto desalojó el campamento del Estadio Lamport. La Policía de Toronto atacó al campamento y a sus simpatizantes, provocando fracturas y conmociones cerebrales. Los campamentos han vuelto porque las personas que viven allí no tienen ningún lugar más seguro adónde ir. Su llamamiento a favor de “espacios públicos sin campamentos” provocará un aumento de la violencia estatal contra las personas sin hogar de Ontario.
Las promesas del Gobierno de Ford de más policía, más cárceles y más procesos judiciales siguen el mismo patrón: el orden público a través del castigo en lugar de la atención social. Décadas de investigación sobre políticas han demostrado que la solución más eficaz para la falta de vivienda es la vivienda asequible con servicios de apoyo; que las respuestas más eficaces a la adicción son la reducción de daños y los programas de tratamiento basados en el consentimiento. Los programas de vivienda, salud y asistencia social también resultan más económicos que los servicios de emergencia, la policía y el encarcelamiento. A pesar de ello, les conservadores de Ontario han optado por basar su campaña en políticas que apartan de forma drástica a las personas en situación de necesidad de la vista del público, en lugar de atender sus necesidades.
En marzo del 2026, el gobierno provincial ya había gastado más de 12 millones de dólares en esta campaña. Los sistemas sanitarios y educativos de Ontario siguen desmoronándose debido a los recortes presupuestarios, entre los que se incluyen recortes drásticos en las ayudas para el pago de las matrículas universitarias y de los centros de formación profesional. Desde el 2018, el gobierno de Ford ha gastado 452 millones de dólares en anuncios financiados con fondos públicos, incluida una cifra récord de 112 millones de dólares en el ejercicio 2024-2025. Bajo el lema ‘Protect Ontario’ (Protejamos Ontario), están promoviendo políticas que, en realidad, hacen que la vida sea más violenta, precaria e incierta.
‘Canada Strong’ (Canadá Fuerte)
La campaña publicitaria federal ‘Canada Strong’ (Canadá Fuerte) también promueve una visión positiva de la extracción de recursos. Su mensaje es menos directo que la promoción descarada de la industria minera que llevan a cabo Saskatchewan y Ontario. En cambio, el anuncio comienza rindiendo homenaje a las personas trabajadoras que “construyeron” Canadá. A continuación, habla de la necesidad de “construir de nuevo” utilizando madera, acero y tecnología. Aunque de forma más sutil, infunde un sentido de identidad nacional basado en el desarrollo industrial y la extracción de recursos, pasando por alto los impactos de este tipo de desarrollo sobre el medio ambiente y los pueblos indígenas. Esta es precisamente la narrativa del “progreso” que ha impulsado siglos de colonización y destrucción medioambiental, y que amenaza con sumir al mundo en el caos climático.
El Proyecto de Ley C-5 del Gobierno de Carney – la denominada One Canadian Economy Act (Ley de Una Economía Canadiense Única) – es muy similar al Proyecto de Ley 5 de Ontario. Esta legislación permite al Gobierno federal crear zonas de prioridad económica en las que puede eximir del cumplimiento de las restricciones medioambientales y restringir los derechos de los pueblos indígenas. El primer ministro Carney ha comenzado a calificar diversos proyectos energéticos y mineros como “proyectos de desarrollo nacional” para acelerar su aprobación. Entre los primeros cinco se encuentran la Mina de Cobre de Foran, mencionada anteriormente en este artículo, y la fase 2 de ‘LNG Canada’ – que consiste en la ampliación de la primera terminal de exportación de gas natural licuado (LNG) de Canadá.
Carney ha dado su respaldo a la fase 2 de ‘LNG Canada’, a pesar de que la planta de LNG existente sigue siendo objeto de escrutinio por culpa de una chimenea que emite humos tóxicos. La chimenea de Kitimat emite con frecuencia humo negro toxico, lo que supone una infracción de sus normas de funcionamiento. Tracey Saxby, directora ejecutiva de la organización medioambiental ‘My Sea To Sky’ (Mi Mar al Cielo), considera que la planta de ‘LNG’ está funcionando de forma insegura. En una entrevista concedida a energeticcity.ca, ella afirmó: “[El Gobierno federal] debe intervenir y emitir una orden de suspensión de obras a ‘LNG Canadá’, que ha estado vertiendo sustancias químicas toxicas sin control en zonas residenciales y superado hasta 40 veces los límites establecidos en sus permisos de quema de gases.” En cambio, el Gobierno de Carney está acelerando la Fase 2, que incluye un nuevo gasoducto que atravesará el Territorio Gitxsan. El jefe heriditario Gitxsan Charlie Wright ya ha llevado al gobierno provincial de Columbia Britanica ante los tribunales por el trazado previsto del gasoducto. La ampliación de ‘LNG Canada’ no solo amenaza los derechos de los pueblos indígenas y la salud de las personas residentes locales; no tiene sentido ni desde el punto de vista económico ni medioambiental en un momento en el que la demanda de ‘LNG’ está disminuyendo, ya que muchos países están pasando a utilizar fuentes de energía más limpias. El plan de Carney de construir un “Canadá Fuerte” acelerando los proyectos de combustibles fósiles no hace más que sabotear nuestro futuro.
Conclusión
“Saskatchewan fuerte y sostenible”. “Proyecto Ontario”. “Canadá fuerte”. Estos eslóganes y anuncios han sido financiados con dinero público. Mientras nuestra atención sanitaria se desmorona, nuestras carreteras se deterioran y nuestra educación retrocede, nuestros gobiernos están utilizando nuestros impuestos para financiar proyectos que provocarán destrucción medioambiental e inestabilidad. Y lo que es peor, también están utilizando nuestro dinero para intentar vendernos esa destrucción.
Estas campañas publicitarias revelan una verdad: los proyectos crearán puestos de trabajo. Las empresas mineras y de combustibles fósiles contratarán a personas trabajadoras hasta que sus cuerpos no puedan más por el esfuerzo que supone pasar largas jornadas manejando maquinaria. Habrá una gran demanda de personas médicas y enfermeras para tratar las enfermedades causadas por la contaminación. La rehabilitación medioambiental es un sector en auge. El estrés financiero, la ansiedad climática y los conflictos sociales beneficiarán al sector del bienestar y a las personas en asistencia jurídica especializados en divorcios. Se incrementará la contratación de agentes de policía a medida que el Estado intensifique la represión contra las personas defensoras de las tierras indígenas. Los ejércitos se reforzarán a medida que el cambio climático provoque escasez de recursos e inestabilidad política; y esa expansión militar agravará aún más el cambio climático. A medida que la destrucción medioambiental diezme la vida en la Tierra, se crearán puestos de trabajo a raíz de esa destrucción.
Pero existen alternativas a la propaganda que difunden estos gobiernos y que realmente dan vida a nuestro mundo. Desmantelar la maquinaria bélica es una medida que salva vidas, no solo para las víctimas de la guerra moderna, sino también para nuestro planeta. Una estrategia contra la guerra es también una estrategia contra la minería. Eliminar la enorme huella medioambiental de los ejércitos de todo el mundo supondría un gran paso hacia los objetivos climáticos.
Una alternativa fundamental es apoyar a las personas defensoras de la tierra indígena, como el pueblo Gitxsan, que se opone a la fase 2 de ‘Canada LNG’, y a la comunidad de Neskantaga, que se resiste a la explotación del Anillo de Fuego. Debemos destinar nuestros recursos a las personas defensoras de la tierra para proteger los ecosistemas que nos sustentan y que nos exigen que cuidemos unes de otres y de nuestras comunidades. Al fortalecer nuestras comunidades y redes de resistencia, podemos marcar una agenda que no conduzca a la escasez, a la muerte y a la destrucción, sino a una vida de abundancia, solidaridad y seguridad.
